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El amparo contra autoridades gubernamentales que interpuso la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), no pretende ni indemnización ni condonación de impuestos, aseguró el presidente de ese organismo, Gustavo de Hoyos Walther.
Informó que no sólo han acudido ante los tribunales federales, sino que el pasado 15 de julio la Coparmex interpuso la queja número 6036/2016 ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), misma que está radicada en la Sexta Visitaduría y aún está en trámite.
“El día que presentamos la queja, nos reunimos con el ómbudsman [Luis Raúl González Pérez], escuchó nuestros planteamientos y en lo subsecuente nuestros equipos técnicos se han reunido con el personal de la CNDH para impulsar esto. Lo último que supimos es que solicitaron información a las autoridades señaladas como responsables”, detalló.
“Lo que está pidiendo el sector empresarial es simple y sencillamente el restablecimiento del orden y la legalidad, no hay ninguna negociación con el gobierno de algún beneficio a los empresarios, simple y sencillamente estamos en nuestro papel de ciudadanos intentando un medio de defensa que está previsto en la ley. A diferencia de quienes toman la justicia por su propia mano, nosotros confiamos y respetamos los medios formalmente establecidos”.
En entrevista con EL UNIVERSAL, explicó las pretensiones que deberá analizar el juez Décimo Primero de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México, en el amparo 1254/2016, que admitió el pasado 4 de agosto: “No se está solicitando ninguna indemnización económica, la demanda de amparo tiene como única finalidad que las autoridades que estamos señalando como responsables hagan valer el Estado de derecho”.
Explicó que con el juicio de garantías contra la omisión de autoridades a retirar los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en distintos puntos de la República, se pretende que ni el magisterio ni algún otro grupo impida el libre tránsito de la población, el funcionamiento de puertos, aeropuertos o vías férreas, o que bloqueen vialidades o entradas a oficinas públicas y comercios.
“Tampoco se está solicitando ningún tratamiento especial de tipo fiscal ni nada por el estilo. Básicamente es el respeto al Estado de derecho”.
Confió que para el 20 de septiembre, fecha en que el juez de Amparo citó para audiencia constitucional, las autoridades que el organismo señaló como responsables remitan en su totalidad los informes requeridos por el juzgador para emitir su resolución.
Detalló que en la demanda de amparo se estimaron violados los derechos a la libertad de tránsito, libertad de comercio y trabajo, la rectoría económica y la protección de la propiedad privada e inviolabilidad del domicilio, así como la conservación que debe realizar el gobierno de las fuentes de empleo de los ciudadanos puesto que nadie puede ejercer violencia para reclamar su derecho.
Comentó que al tratarse de actos continuos, es difícil calcular con precisión el monto al que ascienden las pérdidas económicas que ha sufrido la iniciativa privada por las movilizaciones del magisterio disidente.
“No hay cifras oficiales hoy en día, estamos en vías de ordenar un estudio técnico para poder dar una cantidad precisa. Por la propia naturaleza del daño y por la inmediatez de los hechos es difícil dar una cifra exacta y con seguridad. El daño está tanto en los pequeños negocios que han dejado de operar por todo este tiempo, algunos tuvieron que cerrar definitivamente, pero también está presente en las que dan el suministro de las grandes empresas”, aseguró.
Informó que de tener el estudio para antes de la audiencia constitucional solicitarán que sea agregado al expediente de amparo como prueba fehaciente del daño económico provocado por la omisión gubernamental a poner fin al conflicto magisterial, para que el juez lo analice al momento de emitir su resolución.
“Nosotros confiamos en que igual que fue admitida [la demanda de amparo], la resolución salga favorable, estamos confiados porque pensamos que hay los elementos suficientes, es evidente la afectación que se ha tenido en la vida cotidiana y en las libertades, hay elementos sobrados, manifiestos para que se pueda dar el amparo; sin embargo, si la resolución no es favorable, todavía hay una posible revisión que puede intentarse”.
