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Los obispos de Chiapas urgieron a aportar propuestas a efecto de generar los cambios legislativos necesarios en la reforma educativa y lamentaron que el Congreso de la Unión no sea más activo en la construcción de consensos que contribuyan a la mejora de la calidad educativa.
A través de un mensaje difundido por el Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México (Siame), los prelados expresaron que los senadores y diputados federales aprobaron las leyes “con las que algunos maestros no están conformes”, por lo que depende de ellos abrogar o modificar la reforma educativa.
“El gobierno federal tiene su incumbencia política en estos asuntos, pero la solución compete a los legisladores”, afirmaron.
El arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla; el obispo de San Cristóbal, Felipe Arizmendi; el obispo coadjutor de San Cristóbal de las Casas, Enrique Díaz, y el de Tapachula, Leopoldo González, enviaron su postura sobre el conflicto magisterial al Ejecutivo federal, a la Secretaría de Gobernación, al Senado y a la Cámara de Diputados, quienes no dieron muestras de recibir y analizar sus propuestas: “Ninguno se ha dignado a acusar siquiera constancia de haber recibido nuestra palabra…”.
Insistieron en que es el momento de hacer aportes, tanto en los foros que promueven la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), como en los de la Secretaría de Gobernación y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Los purpurados comentaron que las marchas y los bloqueos “sólo sirven para demostrar la fuerza que se tiene y que se está en pie de lucha, pero nada aportan para un cambio legislativo. Esto cansa no sólo a los mismos maestros y a sus familias, sino a toda la sociedad. No son sólo a los empresarios que se sienten afectados y protestan, sino al pueblo en general, a los pequeños comerciantes, los artesanos, los turistas, los que tienen una cita con el médico o en un juzgado. Los pobres no están organizados, y por ello no se escucha su silenciosa inconformidad con los bloqueos. Hasta nuestros catequistas no pueden cumplir con sus servicios por los bloqueos carreteros”, subrayaron.
Los obispos de Chiapas indicaron que si la autoridad no puede abrogar la reforma educativa, se pueden hacer propuestas concretas respecto a los artículos que se consideren injustos, a efecto de ofrecer una mejor redacción. “Si la reforma no se puede abrogar, sí se puede mejorar, puesto que ninguna ley humana es perfecta, siempre se puede perfeccionar cuando hay razones justas para ello”.
Señalaron que el trabajo de presentar y defender propuestas será “lento y progresivo”, por lo que hay que preparar el inicio del ciclo escolar el 22 de agosto, a fin de que se haga en tiempo y forma, de no ser así “los padres de familia tienen el derecho y la obligación de tomar las medidas necesarias para que la educación de sus hijos no sufra detrimento”.
“Son los padres de familia los primeros que tienen este derecho en favor de sus hijos, puesto que ni el Estado ni el magisterio están por encima de los padres de familia”.