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Una forma descuidada en su administración, la falta de consulta profunda con los principales actores para su elaboración, querer resultados de gran impacto inmediato y público, así como la presentación tardía de un modelo pedagógico, hacen que la reforma educativa quede mucho a deber, a tres años de haberse aprobado.
Al hacer una evaluación de la iniciativa estelar del presidente Enrique Peña Nieto, especialistas coinciden en que era urgente retomar la rectoría de la política educativa y mejorar la enseñanza-aprendizaje, pero refieren fallas importantes que pueden llegar a considerar la reforma educativa como trunca, en suspenso y no cristalizada.
La historia oficial de la reforma educativa comenzó el 10 de diciembre de 2012, tan sólo ocho días después de firmado el Pacto por México, en un acto donde el presidente Enrique Peña, acompañado de Emilio Chuayffet, entonces secretario de Educación Pública, y los dirigentes de los partidos firmantes, entregó al Congreso de la Unión la iniciativa constitucional.
La Cámara de Diputados la aprobó 10 días después, y el Senado el 21 de diciembre del mismo año. Para febrero de 2013, la reforma fue declarada constitucional por el Poder Legislativo federal, promulgada por el Ejecutivo el 25 de febrero de 2013 y publicada al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación.
“Era necesario que el Estado retomara la rectoría en materia de política educativa. Hay que preguntarnos si esa reforma como se diseñó, instrumentó y se está implementando responde a esa necesidad, yo creo que ahí una respuesta del periodo corto de lo que va ejecutándose, la respuesta es que no, que está distante de varias de esas necesidades que decíamos al principio”, afirmó Marisol Silva, del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (Inide), de la Universidad Iberoamericana.
Aquel 10 de diciembre, en del Museo de Antropología, el presidente Peña Nieto presentó su reforma considerada estelar. La gran ausente fue la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales.
El 26 de febrero de 2013, Gordillo Morales fue arrestada y acusada de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
El objetivo del Ejecutivo era dejar reglas claras y precisas para que todo aquel que aspiraba a ingresar, permanecer y ascender como maestro, director o supervisor, lo hiciera con base en su trabajo y sus méritos, garantizando plena estabilidad laboral, además de desaparecer las plazas vitalicias y hereditarias en el Sistema Educativo Nacional, e identificar, a través de una evaluación, las necesidades de mejora de maestros, directores, supervisores, escuelas y autoridades.
Se propuso también dotar de autonomía plena al Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), encargado de desarrollar un sistema de evaluación integral, equitativo y comprensivo, adecuado a las necesidades y contextos regionales del país.
“La reforma no se instrumentó de manera cuidadosa, nuevamente hoy se empieza a observar una alianza peligrosa entre la SEP y el SNTE que deja mucho que desear de esa rectoría de la que se venía hablando”, agrega la investigadora del Inide.
El año 2013 se vio marcado por un SNTE debilitado y un activismo mayor de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que hasta la fecha mantiene sus movilizaciones en reclamo, como desde un inicio, de la abrogación de la reforma educativa por considerarla punitiva, al poner en riesgo su permanencia en el sistema educativo tras las evaluaciones de desempeño.
La primera evaluación de desempeño a nivel básico y medio superior se realizó entre noviembre y diciembre de 2015. Se dieron fechas y lugares distintos para los estados de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero, donde existe mayor presencia de la CNTE.
Según los resultados entregados en febrero pasado, en México se presentaron 134 mil 140 maestros al diagnóstico y de ellos, 15.3% tuvieron una calificación de insuficiente; 36.2% de suficiente; 40.5% de bueno, y 8% destacado o excelente. Se despidieron además a 3 mil 651 profesores en toda la República por no acudir a la primera de las fases de la evaluación de desempeño docente.
Desde que inició la aplicación de la reforma, la SEP ha notificado su despido a 9 mil 159 docentes por no presentarse a los exámenes de diagnóstico o por acumular más de cuatro faltas o inasistencias en 30 días de manera consecutiva sin justificación.
Los investigadores señalan que esta evaluación fue atropellada, con muchas responsabilidades diluidas, pero cuyo resultado tuvo afectación directa a los profesores y alumnos. Dan la bienvenida al replanteamiento de los procesos que se realizarán desde el Instituto Nacional de la Evaluación para la Educación.
“Como toda reforma seria, debe ser evaluada por sus propios impulsores y corregida a nivel Ejecutivo y Legislativo para no seguir con los conflictos derivados de su aplicación, más allá de las manifestaciones en las calles”, aseguró Olac Fuentes Molinar, ex subsecretario de Educación Básica de la SEP.
Para Sergio Cárdenas, de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), sólo hasta que se tenga una evidencia concreta y no con base en anécdotas, percepciones o intuiciones, se debe cambiar la ley.
Por su parte, la CNTE ha dejado, en al menos cuatro estados donde mantiene el paro de labores desde el 15 de mayo pasado, aproximadamente a 193 mil niños sin clases.
“En esta reforma se concibió al magisterio como una cosa, no como un sujeto, y por otro lado, se le culpó de todos los males educativos. Hay una gran desgracia porque es muy distinto aprobar la evaluación que modificar las prácticas cotidianas en el aula, es decir, la evaluación está siendo la manera de conservar el empleo, pero no un recurso para mejorar la práctica educativa, eso es lo peor que le puede pasar a un intento de cambio en la educación”, señaló Manuel Gil Antón, especialista del Colegio de México.
El investigador indica que en principio la rectoría del Estado en la educación no fue recuperada como se afirmó: “Lo único que se recuperó fue la conducción de las burocracias estatales y sindicales por parte de la Federación. No alcanza si quiera a tener categoría de intento de reforma educativa”, dijo Gil Antón.
En 2014 se hizo una consulta para elaborar un modelo educativo y hasta dos años después se publica. “De ninguna manera lo publicado podría quedar como un modelo definitivo, tiene mucho que corregirse, yo espero que esta consulta sea real, efectiva, y a partir de eso se corrija todo lo que se debe en el diseño de este modelo”, consideró Marisol Silva, quien advierte que los tiempos políticos hicieron que la reforma administrativa fuera presentada antes que los objetivos pedagógicos.
Para Gil Antón, la presentación del modelo educativo “intenta maquillar esa reforma administrativa como educativa, pero sólo maquillarla, porque el daño está hecho”.
Fuentes Molinar coincide en que la evaluación de maestros y la propuesta pedagógica recién presentada debieron haber formado parte desde un principio, como un todo integral.
“La presentación del modelo educativo es una buena oportunidad para discutir qué queremos del sistema en el contexto nacional, si bien suena contradictorio, hace mucho más sentido comenzar a recuperar el cumplimiento de norma antes que pensar cómo reorientar pedagógicamente. Es algo positivo que ahora se encamine el tema a los contenidos, a lo educativo y definir lo que debe suceder en el aula y que es lo que los alumnos aprenderán”, dijo Sergio Cárdenas, del CIDE.
Los especialistas consideraron que una verdadera reforma educativa se va a cristalizar cuando llegue a transformar las prácticas escolares que se han diagnosticado inadecuadas e insuficientes. Hasta que no suceda eso, la reforma educativa estará en suspenso.
“Intereses efectistas por obtener resultados inmediatos hacen mucho daño a los procesos y eso es lo que ha ocurrido durante estos tres años que hemos estado viviendo la aplicación de la reforma”, opinó Marisol Silva.
