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Arely Gómez, procuradora General de la República, firmó un acuerdo de adhesión con autoridades electorales, financieras y de protección de datos personales para combatir y prevenir la suplantación o usurpación de identidad en el país.
El acuerdo Bases de Colaboración en Materia de Suplantación o Usurpación de Identidad surge ante la necesidad de inhibir un ilícito no tipificado como delito en ningún código penal o fiscal y anualmente deja pérdidas por 120 millones de pesos al sistema financiero.
La firma fue en las instalaciones de la PGR. Diana Rosalía, procuradora de la Defensa del Contribuyente, llamó a generar acciones que inhiban y prevengan esta práctica lesiva, que pone en jaque a autoridades al ser un ilícito no tipificado. “No existe en el Código Fiscal de la Federación una infracción o delito que sancione el robo de identidad, es más, este concepto ni siquiera está tipificado de manera específica en el Código Penal Federal”.
Ximena Puente de la Mora, presidenta del Instituto Nacional de Información y Protección de Datos Personales (Inai), destacó la importancia de proteger los datos personales de los internautas, puesto que México ocupa el octavo lugar en usurpación de identidad a nivel mundial.
“Junto con los beneficios derivados de la disposición de los aparatos móviles en conexión a la red, los cuales se calculan ascienden a más de 80 millones de smartphones en el país, se generan importantes riesgos para la protección de los datos personales que han resultado en la vulneración de nuestra identidad”, aseguró.
Dijo que nueve de cada 10 usuarios de redes sociales dejan datos personales que los vuelven vulnerables para ser víctimas de robo de identidad.
Ante las cifras, Gómez González, titular de la PGR, afirmó que “el robo y la suplantación de identidad pueden derivar en que las víctimas pierdan su patrimonio, se vean despojadas de sus ahorros o terminen siendo responsables de delitos que no cometieron.
“En otra dimensión igualmente grave, el robo y la suplantación de identidad son fenómenos delictivos que pueden derribar moralmente a las víctimas, pueden causar daño a su reputación personal o profesional, la pérdida del empleo y hasta la continuidad de procedimientos legales de su interés”, resaltó.
Luis Robles Miaja, presidente de la Asociación de Bancos de México, informó que el problema ha ocasionado graves daños económicos a las instituciones bancarias, que prácticamente asumen todos los costos y reportó una pérdida anual de 120 millones de pesos en fraudes de este tipo. “El sistema financiero ha tomado muchas medidas de prevención”.