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El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto Castillo, pidió tipificar como concepto de violencia política de género las acciones u omisiones que restringen los derechos político-electorales de las ciudadanas y/o el ejercicio de cargos públicos, ya sea a nivel federal o local.
“Los actos de violencia política de género no sólo se realizan durante las elecciones, por lo que la protección debe ser más allá de los procesos electorales”, afirmó.
Al participar en la mesa de trabajo Igualdad de Género, Discriminación y Derechos Humanos: Avances, Obstáculos y Propuestas para una Agenda Legislativa, en la Cámara de Diputados, sostuvo que también se considera violencia promover actos, amenazas e intimidaciones contra candidatas.
Añadió que parte de la violencia también consiste en hacer simulaciones en el registro y obligar a una mujer a renunciar al cargo ganado para que lo ocupe un suplente hombre, hechos que, dijo, deben tipificarse como conducta delictiva.
Nieto Castillo advirtió que si bien subir las penas no sirve para inhibir este tipo de conductas, “se manda un mensaje claro de que es interés de la ciudadanía que se sancionen estas acciones”, expresó.
Propuso establecer en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República que la FEPADE tenga atribuciones de corte legal para actuar contra los responsables, sin violentar los derechos de candidatos o partidos políticos y atendiendo los delitos que atentan contra las mujeres participantes.
El subsecretario de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo, Ignacio Rubí Salazar, aseguró que cualquier esfuerzo a favor de la equidad de género que no pase por el tema laboral será intrascendente, pues existen poco más de 19 millones de mujeres en el mercado de trabajo, de las cuales, 14 millones son madres y de ellas 4 millones 100 mil son jefas de familia.
“Si le preguntan a una obrera lo que para ella representa que 42% de la Cámara de Diputados sean mujeres, le resulta irrelevante; lo que ellas quieren es que se empareje el piso para que haya acciones de igualdad y las mismas oportunidades en materia laboral”, dijo.
Detalló que la participación de la mujer en la Población Económicamente Activa pasó de 17.6% en 1970 a 43%, cifras que dijo, se deben a la evolución de las actividades productivas en nuestro país, aún cuando México ocupa los últimos lugares de la PEA de la mujer a nivel de América Latina, sólo por arriba de Honduras, Guatemala y la República Dominicana.
Por su parte, el director general de Quejas de la Cuarta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Isaías Trejo Sánchez, consideró que algunos de los obstáculos para lograr una igualdad material entre hombres y mujeres son la discriminación, los estereotipos, el rezago educativo y diferencias en materia de salud.
Destacó que la violencia obstétrica es una de las razones por las que las mujeres presentan más quejas ante la Cuarta Visitaduría, ya que afecta diversos derechos humanos, como a la integridad e incluso a la vida.
“Los delitos contra los derechos reproductivos son considerados por cuatro entidades; la violencia de pareja o en el noviazgo, en ocho; la política-electoral, en seis, y la mediática, en dos”, especificó.
