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El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González, informó que el organismo denunciará 22 ejecuciones arbitrarias por parte de elementos de la Policía Federal (PF) durante el enfrentamiento con miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ocurrido en Tanhuato, Michoacán, el 22 mayo de 2015.
En la presentación del informe que realizó la comisión sobre el caso, confirmó que los elementos de la PF cometieron violaciones graves a los derechos humanos en los hechos ocurridos en el Rancho Del Sol, que derivaron en la muerte de 43 personas, uno perteneciente a esa corporación.
“Las violaciones a derechos humanos que se acreditaron no sólo implicaron actuaciones en contra de la ley que se tradujeron en la pérdida de vidas y en la afectación de la integridad física y mental de las personas”, explicó.
Indicó que hubo ejecuciones arbitrarias derivadas del uso excesivo de la fuerza, manipulación de evidencias y tratos indignos al menos a dos cuerpos, además de tortura y tratos crueles e inhumanos a los tres detenidos, quienes afirmaron pertenecer al CJNG.
“Por su propia naturaleza y alcances, se verificaron conductas que dificultan que en el presente asunto haya un efectivo acceso a la justicia y se pueda llegar plenamente a la verdad, al haberse manipulado elementos y evidencias, alterándose las condiciones que permitirían realizar debidamente las investigaciones en el ámbito penal”.
Determinó que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán (PGJEM) incurrió en violaciones menos graves, debido a que las necropsias que realizó contienen irregularidades y que los familiares de las víctimas mortales denunciaron que tenían a los cadáveres en el piso, sobre hielos y aserrín. Dos cadáveres fueron quemados arbitrariamente por elementos de la PF y otro sujeto más fue quemado vivo.
En el expediente de la CNDH, de 31 tomos, se llegó a la conclusión de que la PF incurrió en falsedad en los informes que emitió sobre los hechos en Tanhuato, puesto que hubo manipulación del lugar de los hechos y colocación de armas en 16 cadáveres, así como reubicación de otros siete cuerpos.
Los reportes oficiales señalan que el Rancho Del Sol —predio de 112 hectáreas— era utilizado por el cártel y fue descubierto tras la persecución de una camioneta con hombres armados, quienes intentaron resguardarse en esa propiedad.
La CNDH concluyó que, derivado de la denuncia que realizó la administradora del Rancho Del Sol sobre una supuesta invasión por parte de un grupo armado de entre 25 y 30 hombres, la PGJEM solicitó ayuda de la PF.
“Se pudo establecer que, entre las 06:00 y las 07:00 horas del 22 de mayo de 2015, 41 servidores públicos de la PF ingresaron de manera sigilosa al Rancho Del Sol, aseguraron a las personas que resguardaban la entrada, quienes estaban dormidas y posteriormente llevaron a cabo el operativo en dicho inmueble, lo que contradice la versión oficial de los hechos en el sentido de que entre las 08:00 horas y 08:30 arribaron al inmueble”, detalló.
“Seis cadáveres estaban descalzos y con el torso descubierto, 11 cuerpos se encontraban descalzos, uno más presentó el torso descubierto y otro únicamente vestía trusa, lo que permite establecer que dichas personas se encontraban dormidas cuando se inició el operativo”, indicó. El ómbudsman pidió que se castigue a aquellos que incurrieron en violaciones graves a derechos humanos.
“Este organismo no se opone ni busca inhibir las acciones que las autoridades lleven a cabo para garantizar la seguridad pública ni rechaza el empleo de la fuerza cuando los cuerpos policiales enfrentan situaciones en las cuales su única opción sea repeler una agresión real en defensa de su integridad física, circunstancia que no los exime del respeto irrestricto a los derechos humanos, ni de observar los criterios de proporcionalidad, racionalidad y oportunidad inherentes al uso legítimo y debido de la fuerza”, enfatizó.
Aseguró que tienen identificados a los elementos que participaron en el operativo y que inicialmente llegaron 41 al rancho. Posteriormente, luego de la muerte de uno de ellos y que otro resultara herido, arribaron 54 elementos más y un helicóptero artillado en el que viajaban cinco más. En total, participaron 100 elementos. El choque inició entre las 06:20 y las 07:30 horas.
Lluvia de 4 mil proyectiles. El helicóptero arribó aproximadamente a las 08:30 horas y el enfrentamiento concluyó entre 09:00 y 09:45; los elementos ministeriales arribaron a las 13:40 horas e iniciaron diligencias a las 14:00 horas, por lo que la CNDH destacó que los policías federales tuvieron cuatro horas para manipular el lugar, sembrar armas, reubicar cadáveres, quemar unos y vestir otros. Informó que en los próximos días prepararán la denuncia correspondiente ante la PGR. Solicitó que se investigue de forma imparcial y con estricto apego a derecho la muerte del elemento de la PF y las circunstancias en las que fue herido otro elemento más.
El primer visitador general de la comisión, Ismael Eslava, informó que se realizó una investigación exhaustiva de los documentos y evidencias integrados en la carpeta de investigación, así como publicados en medios, todos analizados por peritos acreditados.
Al hacer una recapitulación de los hechos, dijo que no se confirmó la versión oficial de cómo ocurrieron los hechos, debido a la falta de veracidad en los informes de los elementos de la PF, y no se acreditó el supuesto enfrentamiento sobre la carretera Nogales-México.
Dijo que dos de los fallecidos fueron obligados a mirar la ejecución de otros tres. También se detectó que 16 cuerpos recibieron disparos por la espalda y desde el helicóptero, mismo que disparó 4 mil proyectiles a la casa y bodega, con lo que provocó un incendio en el cual murió uno más. En el lugar fueron aseguradas 43 armas de fuego de diversos calibres, dos armas cortas y 49 largas, un lanzacohetes, 2 mil 632 casquillos percutidos, 85 cargadores, mil 144 cartuchos, seis balas sin núcleo de plomo y diversos objetos bélicos. Además, 14 vehículos estaban en la bodega que incendió el helicóptero y dos camionetas ubicadas en las inmediaciones de la casa, así como seis vehículos de la PF. De los fallecidos, 39 eran originarios de Ocotlán, Jalisco; uno del municipio de Tala y dos de Michoacán.
La CNDH recomendó a la CNS colaborar en las indagatorias para fincar responsabilidad contra los elementos involucrados e iniciar el proceso de reparación del daño a los familiares de los 22 ejecutados arbitrariamente, así como a los tres detenidos mediante el pago de una indemnización por los actos de tortura y tratos crueles a los que fueron sometidos. Pidió a la PGR iniciar una investigación para esclarecer la muerte de 15 personas cuyas circunstancias se desconocen y de uno más que fue atropellado pero que tampoco se conoce la forma en que murió por la alteración de evidencias.
