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Los diputados federal del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC) presentaron ayer una acción de inconstitucionalidad al artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción, a fin de que las declaraciones fiscal, patrimonial y de interés (3de3) de los servidores sean completamente públicas y obligatorias.
Esto después de que el pasado 23 de junio el Ejecutivo federal vetó el artículo 32 de dicha ley, que obligaba a todo particular que tuviera tratos con el gobierno federal a presentar sus declaraciones fiscal, patrimonial y de interés; pero no contempló modificar el artículo 29, el cual restringe la publicidad de las declaraciones de los funcionarios públicos.
Los grupos parlamentarios anunciaron el pasado 6 de julio que presentarían una acción de inconstitucionalidad, además de darse a la tarea de recolectar las 167 firmas que la ley señala para llevar ante la Corte el recurso jurídico.
Anteriormente, el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, señaló que el espíritu del artículo 29 es establecer mecanismos de control y supervisión sobre la actuación de los servidores, mediante la publicidad de las declaraciones, “cosa que no se cumple, ya que el objetivo de la norma queda sujeto a la condición de la posible afectación de la vida privada”.
Explicó que el artículo sexto constitucional establece que la divulgación de la información considerada confidencial o que pueda afectar la vida privada de los individuos, sólo podrá realizarse en los términos y con las excepciones que fijen las leyes; por lo que corresponde al Congreso de la Unión determinar qué datos personales pueden difundirse y no a un comité, como quedó estipulado.
Mientras que el líder parlamentario del PAN, Marko Cortés, externó que debido a que quedó pendiente la máxima publicidad de las declaraciones 3de3, que propusieron su partido y las organizaciones civiles, fue que se decidió presentar un recurso de inconstitucionalidad del artículo 29 de la Ley de Responsabilidades.
Piden mayor claridad en el artículo. Tanto el PAN, PRD y MC han coincidido en que la redacción del artículo 29 es ambiguo y da pie a la opacidad, al dejar en manos del servidor público el reservar o hacer pública la información sobre la vida privada de los sujetos obligados.
Sobre todo, cuando la intención primordial del artículo en cuestión es mantener el control y la supervisión sobre el actuar de los funcionarios públicos, pero la redacción actual lo hace inoperante, ya que condiciona la rendición de cuentas y permite al sujeto obligado argumentar afectaciones a su “vida privada”, para no dar a conocer el contenido de sus declaraciones.
Este miércoles en conferencia de prensa conjunta, los coordinadores parlamentarios del PAN, Marko Cortés Mendoza; del PRD, Francisco Martínez Neri, y de MC, Clemente Castañeda, darán a conocer el contenido de la acción de inconstitucionalidad, durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, que se celebra en el Senado de la República.
