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Después de cuatro horas de debate y con el voto en contra del PRD y Morena, el pleno de la Cámara de Diputados avaló la minuta del Senado de la República que contenía el veto presidencial a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como Ley 3de3 del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), con la que se eliminó la obligación para que los integrantes de la iniciativa privada presenten sus declaraciones patrimonial, de interés y fiscal al firmar contratos con el Estado.
Con este dictamen, que ya fue enviado al Poder Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, se completa el procedimiento de aval del SNA.
Cabe recordar que el pasado 23 de junio, sólo unos días después de que el Congreso de la Unión aprobara las siete leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, el presidente Enrique Peña Nieto decidió vetar 10 artículos de la Ley General de Responsabilidades, para liberar de la obligación de presentar sus declaraciones 3de3 a los particulares que firmen contratos con cualquiera de los tres niveles de gobierno.
En sus observaciones, el titular del Ejecutivo “eliminó”, entre otros artículos, el 32, que extendía a los particulares las obligaciones establecidas en la llamada Ley 3de3. El presidente argumentó que había incisos en los que se podría interpretar que los beneficiarios de programas sociales y culturales, así como empleados de empresas que trabajaran para el gobierno, tendrían que presentar sus tres declaraciones.
Posteriormente, el martes, el Senado de la República aprobó dichas observaciones sin modificarlas y las envió a la Cámara de Diputados, donde el pleno las avaló en lo general con 345 votos a favor y 82 en contra; ya en lo particular, se contó con 314 votos a favor y 104 en contra (PRD, MC y Morena) para así concluir con el proceso.
Posiciones. Sobre esta aprobación, el coordinador del PRI en San Lázaro, César Camacho, comentó que quedó un Sistema Nacional Anticorrupción fuerte y que rinde cuentas con transparencia. Aseguró que solamente se corrigió un “error legislativo, que hay que llamarlo como es: por su ‘vaguedad’ y por su amplitud no podía solamente involucrar a las personas para las que fue pensado.
“Estaría listo el presidente de la República para promulgar este paquete de siete leyes, ya promulgó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Con esta enmienda, producto de las observaciones del Ejecutivo, quedaría listo el sistema y el reto inmediato es su instrumentación, su puesta en operación, especialmente en el Ejecutivo, tanto el federal como en los estados”, dijo Camacho Quiroz.
En tanto, el coordinador de los diputados del PAN, Marko Cortés, dijo que este segundo periodo extraordinario no tendría que haberse llevado a cabo, si el PRI y el Partido Verde les hubieran hecho caso cuando se estaba analizando el Sistema Nacional Anticorrupción en el periodo ordinario pasado, puesto que no se habría tenido que corregir ni habría existido el veto presidencial.
“Nosotros dijimos: ‘El artículo 32 de la Ley de Responsabilidades es inoperante, no va poderse aplicar y hasta injusto es, porque estamos tratando como servidores públicos a quienes no lo son, integrando en esta ley a personas físicas y morales para que presenten su declaración patrimonial’. Por eso nosotros nos congratulamos de que finalmente el PRI reconozca que se equivocó; esto fue a través del veto del Presidente”, aseguró Cortés Mendoza.
El legislador michoacano criticó que no haya una buena coordinación entre los legisladores federales del PRI y el Presidente de la República, pues desde su perspectiva, no hay un perfecto entendimiento “y por eso los demás partidos tuvieron que pagar los platos rotos”.
Dijo que el presidente Enrique Peña Nieto se quedó corto con su veto, porque también debió observar el artículo 29, para poder obligar a los servidores públicos a hacer públicas sus declaraciones 3de3 sin candados.
Piden perfeccionar la ley. El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, pidió perfeccionar la Ley 3de3 y rechazó una abrogación de toda la norma.
“Otro error más en la Ley 3de3. Estamos viendo aquí un conjunto de errores cometidos por el gobierno federal; inclusive hemos sido coparticipes, en el caso del Senado, al introducir reformas para pegarle a la iniciativa privada y, luego que la iniciativa privada se quejara con el Presidente, para que el Ejecutivo hiciera el veto correspondiente. Estamos ante una serie de galimatías de carácter congresual”, declaró Martínez Neri.
El diputado Omar Ortega, vicecoordinador del PRD, lamentó que el presidente Enrique Peña Nieto haya perdido la oportunidad histórica de generar las condiciones para un Sistema Nacional Anticorrupción robusto, que no fuera protector ni defensa de la impunidad y que obligara a los funcionarios a presentar sus declaraciones 3de3 y las hicieran públicas.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Rogerio Castro (Morena), explicó que en los citados artículos se elimina la obligación de las personas físicas y morales de presentar declaraciones de situación patrimonial y de interés, mismas que sí se incluían en el pasado dictamen aprobado por el Congreso de la Unión.
Además, fustigó que en el artículo 30 se elimina a los particulares de la posibilidad de que las secretarías de Estado y los órganos internos de control realicen una verificación aleatoria de las tres declaraciones mencionadas.
Por su parte, Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador de Movimiento Ciudadano, aseguró: “El gobierno y su partido se equivocaron. Su revancha contra el sector empresarial dejó en ridículo al Poder Legislativo y pretende agotar la discusión sobre la Ley 3de3”.
El legislador precisó que aunque su fracción parlamentaria respalda las correcciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, también señala que las disposiciones de su artículo 32 eran excesivas, inoperantes y absurdas, además de inconstitucionales, pues sólo respondían a un aire revanchista en contra de la iniciativa privada.
