El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, adelantó que su partido promoverá acciones legales y políticas, para revertir lo que a todas luces sería el “peor y último golpe” que los gobernadores salientes del PRI en Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, den a las familias de estas entidades.
Anaya Cortés, llamó a los legisladores de los Congresos de estos estados a ponerse del lado de los ciudadanos y no permitir que se concreten los “blindajes” que los gobernadores priístas han propuesto para evadir la acción de la justicia, a costa de heredar deudas y autorizar gastos innecesarios y nombramientos a modo.
“Si piensan que con esto van a esquivar a la justicia, están muy equivocados. Acción Nacional ya explora las acciones legales pertinentes para revertir las dolosas decisiones de los actuales gobiernos priístas. Pretenden heredar más complicaciones, carencias y desesperanza a sus estados. Lo que estamos viendo jamás había ocurrido en nuestro país", destacó.
El líder nacional de Acción Nacional afirmó que en cualquier momento el pleno del Congreso local votará a los nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia, entre ellos Carlos Lima y Gaspar Armando Torres, quienes fueran empleados del gobernador Roberto Borge, siendo el segundo ex procurador de Justicia. Asimismo, se nombrará al nuevo Auditor Superior del estado, que duraría siete años en el cargo.
Mientras que en Veracruz, detalló, no sólo se busca aprobar un “paquete de impunidad”, sino “dinamitar” las finanzas públicas de Veracruz.
“Exigimos que se frene la aprobación del paquete de impunidad en Veracruz, que incluye el nombramiento de magistrados y del fiscal anticorrupción. Que se deseche la propuesta de basificar a todos los ‘aviadores’ del gobierno, pues de concretarse esta barbaridad, la inmensa mayoría del presupuesto de Veracruz tendría que destinarse a pagar nómina”, apuntó.
En cuanto a Chihuahua, Ricardo Anaya dijo que continúan los intentos para aprobar dos nuevos créditos por 6 mil millones de deuda adicional, así como eliminar la obligación al gobierno saliente de pagar la deuda a corto plazo, antes de 90 días del cambio de poderes, “lo cual está planeado para complicar económicamente el desempeño del gobierno panista de Javier Corral”, indicó.
msl