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De no existir acuerdos entre el gobierno federal y los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa para dar seguimiento al caso Iguala, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) podrá decretar el mecanismo conforme a los requisitos mínimos que estableció desde el mes de mayo pasado.
La tercera reunión entre los padres de familia, autoridades de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, y de la Procuraduría General de la República (PGR) terminó ayer sin llegar a ningún acuerdo con los familiares de los normalistas de Iguala.
Al concluir, los afectados afirmaron que la CIDH convocó a reunión en Washington para el 26 de julio próximo, por lo que de no llegar a un convenio sobre los puntos que contendrá el mecanismo de seguimiento, es probable que se establezca con los acordados —que son los mismos que ellos exigen—.
Vidulfo Rosales, abogado de los padres, informó que ellos, al igual que estableció la CIDH, solicitan al gobierno federal acceso amplio a la información sobre el caso, establecer los lineamientos de las visitas de integrantes de la comisión y de un equipo operativo técnico que coadyuve en la investigación.
Explicó que específicamente, el gobierno no ha cedido en la forma en que se darán las visitas de los comisionados, puesto que ellos solicitan que lo hagan dos veces por mes desde agosto hasta marzo del próximo año, pero las autoridades únicamente proponen que sean dos visitas en el mismo tiempo.
Informó que los funcionarios que acudieron a la reunión proponen que las visitas del equipo operativo técnico sean limitadas, mientras que ellos solicitaron que fueran todo lo contrario y durante el tiempo necesario para llegar a la verdad.
Felipe de la Cruz, vocero de los padres de familia, acusó a la Secretaría de Relaciones Exteriores de ser la dependencia que más obstáculos pone a los acuerdos para el mecanismo de seguimiento.
“Tal parece que el gobierno de México le sigue apostando al tiempo, sigue en el regateo como si las vidas de los jóvenes no tuvieran valor para ellos, principalmente para la secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo de Claudia Ruiz Massieu, porque es la instancia que más obstáculos ha puesto para avanzar en estos acuerdos”, dijo.
Lamentó que durante esta tercera reunión no hubieran podido resolver en lo medular el mecanismo de seguimiento y confió en que la CIDH será la instancia ante la que será posible llegar a acuerdos para dar seguimiento al caso.
Llamó a la titular de la SRE a que instruya al subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Miguel Ruiz Cabañas, presente en la reunión, a que facilite los acuerdos.
Al encuentro en el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, acudieron el Subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa Cifrián, y su homólogo en PGR, Eber Betanzos.
“Es un proceso de diálogo para seguimiento de las medidas cautelares, recordemos que estamos con medidas cautelares vigentes para investigación, búsqueda y la atención a víctimas”, dijo.
