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Este lunes el presidente Enrique Peña Nieto promulgará el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Se trata del primer paquete de leyes secundarias para prevenir, investigar y sancionar los casos de corrupción, no sólo en las estructuras públicas, sino también en los que participen particulares.
Con el nuevo marco jurídico se crea un sistema como instancia de coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno, el cual establecerá las bases para la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas, así como en la fiscalización y control de recursos públicos para garantizar su vigilancia.
El SNA estará integrado por un Comité Coordinador, presidido por un ciudadano representante del Comité de Participación Ciudadana, con lo que auguran mayor certeza. También formarán parte de éste los titulares de la Auditoría Superior de la Federación (ASF); de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción; de la Secretaría de la Función Pública (SFP); el representante del Consejo de la Judicatura Federal; la presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai), y el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
La presidencia del Comité Coordinador durará un año y será rotativa entre los miembros del Comité de Participación Ciudadana.
También se creará el Sistema Nacional de Fiscalización que permitirá optimizar la labor de las autoridades de auditoría, control, vigilancia y fiscalización del gasto federal.
El Comité de Participación Ciudadana estará integrado por cinco ciudadanos “de probidad y prestigio”, destacados por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción.
Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, que serán nombrados por el Senado, no podrán ocupar, durante el tiempo de su gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en los gobiernos federal, local o municipal; tampoco podrán tener otro empleo que les impida el libre ejercicio de los servicios que prestarán al Comité de Participación Ciudadana y a la Comisión Ejecutiva.
Además se contará con una Secretaría Ejecutiva como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, a efecto de proveerle de asistencia técnica y de los insumos necesarios para el desempeño óptimo de sus atribuciones.
La legislación también establece sistemas locales anticorrupción “espejos” para que las entidades federativas los repliquen en sus leyes y el combate a este problema sea homologado.
El nuevo sistema contará con una Plataforma Digital Nacional, la cual contendrá el sistema de evolución patrimonial, de declaración de interés y constancia de presentación de declaraciones fiscales; así como un sistema de denuncias para prevenir e investigar posibles faltas administrativas y casos de corrupción.
También prevé la constitución de un sistema específico para los servidores que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas; un sistema nacional de servidores públicos y particulares sancionados; un sistema de información y comunicación del SNA, y el Sistema Nacional de Fiscalización.
3de3 para servidores públicos
Ahora por ley todos los servidores públicos de los tres niveles de gobierno deberán presentar y hacer públicas sus declaraciones patrimonial, de interés y fiscal; salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución.
Ese fue uno de los temas más polémicos durante todo el proceso de discusión y aprobación de las leyes complementarias, ello luego de que más de 634 mil ciudadanos apoyaron a organizaciones de la sociedad civil para presentar la iniciativa ciudadana Ley 3de3 como herramienta para combatir la corrupción.
Después de las observaciones hechas por el Ejecutivo al artículo 32 de esta ley, se eliminó la obligación para que personas físicas y morales que reciban recursos públicos o celebren contratos con los tres niveles de gobierno presenten su declaración patrimonial, de interés y fiscal.
En el rubro de sanciones se prevén penas de hasta 18 años y seis meses de cárcel para aquellos servidores públicos —electos para un cargo de elección popular o designados por el Congreso— que se les compruebe el delito de “enriquecimiento ilícito”, así como la inhabilitación del cargo que, dependiendo de la gravedad del caso, puede ser de por vida.
En el caso de los moches, plantea castigar hasta con 14 años de prisión y una multa de 300 a mil unidades de medida diarios al legislador que en ejercicio de sus funciones, gestione o solicite la asignación de recursos a favor de un ente público y exija u obtenga para sí o para un tercero una comisión, dádiva o contraprestación en dinero o en especie distinta a la que le corresponde por el ejercicio de su encargo.
Más facultades a la ASF
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) tendrá más facultades, entre ellas, podrá realizar auditorías en tiempo real y fiscalizar los recursos federales destinados a estados y municipios, así como a los ejercidos por fideicomisos, fondos y mandatos públicos y privados.
Fiscalizará las participaciones federales de manera directa, incluyendo la aplicación de las fórmulas de distribución a las entidades, lo cual dará certeza a la Ley de Coordinación Fiscal, así como los mecanismos de asignación de los recursos públicos a cada una de las entidades federativas en el país.
Rendirá informes trimestrales de cómo se gastan los recursos de la Federación, en lugar de un informe anual sobre el estado de la Cuenta Pública federal.
Tribunal especializado
Se creó el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con salas especializadas, que será el organismo encargado de sancionar e imponer multas por faltas graves administrativas en casos de corrupción en los que incurran servidores públicos y particulares.
En el caso de faltas administrativas no graves, la Secretaría de la Función Pública o los Órganos internos de control impondrán las sanciones como: amonestación pública o privada; suspensión del empleo, cargo o comisión; destitución de su empleo, cargo o comisión e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
También se crea la Fiscalía Especializada contra los Delitos de Anticorrupción, que dependerá de la Procuraduría General de la República (PGR) y que investigará y perseguirá delitos en materia de corrupción. El nombramiento del fiscal Anticorrupción será a través de una terna; el titular tendrá que ser avalado por dos terceras partes del Senado de la República.
Balance positivo: Virgilio Andrade
En entrevista con EL UNIVERSAL, Virgilio Andrade Martínez, titular de la Secretaría de la Función Pública, asegura que el balance de la discusión de este tema central en la agenda pública mexicana es positivo.
“Primero, porque el Presidente de la República, desde que era presidente electo, manifestó su pretensión e impulsó además con el grupo parlamentario del PRI y del Partido Verde Ecologista de México la iniciativa que abordó este tema: la propuesta para crear una Comisión Nacional Anticorrupción”.
Precisó que “a ese abordaje siguió una discusión y una reflexión muy intensa en el Poder Legislativo, en las dos Cámaras, primero en el Senado en diciembre de 2013, con la aprobación de una Comisión Nacional Anticorrupción y que en la revisión a lo largo de todo 2014 y parte del 2015 por la Cámara de Diputados, se llegó a la conclusión de que la reforma constitucional debía crear un Sistema que fortaleciera a otras instituciones, y no una Comisión”.
Andrade explicó que la reforma constitucional de mayo de 2015 muestra la profundidad que hubo en la reflexión para tener una base constitucional, y de la cual nació el Sistema Nacional Anticorrupción, “y de las instituciones fortalecidas nació un Tribunal de Justicia Administrativa, que es la que va a sancionar las faltas por corrupción”, dijo.
Con todo el esquema “se consolidó la propuesta de crear una Fiscalía Anticorrupción, que va a integrar los expedientes de las faltas graves y al mismo tiempo se fortaleció y se confirmó la presencia de la Secretaría de la Función Pública con el fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación”, explicó.
Andrade añadió que dentro de la reforma constitucional “fue novedad incorporar a ciudadanos, participando directamente en el Sistema Nacional Anticorrupcióm, en un comité en el que están todas las instituciones que he mencionado, además del Instituto Nacional de Transparencia, que es un órgano autónomo, y del Consejo de la Judicatura Federal, que es un órgano del Poder Judicial”.
Entonces, “en la reforma constitucional se crea un espacio en el que todos los órganos que integran los tres Poderes del Estado, uno autónomo y además uno ciudadano, están presentes para reflexionar periódicamente sobre las formas y los posibles caminos para poder abatir este problema”.
Para el titular de la Función Púbica, “este resultado exitoso constitucional se vio enriquecido en la construcción de su marco legal, porque un grupo de ciudadanos presentó una iniciativa para completar el sistema, con base en una propuesta de ley”, entre ellos Transparencia Mexicana, el Instituto Mexicano para la Competitividad, además de expertos.
“Fue una iniciativa ciudadana que materializó el derecho a presentar iniciativas con base en las reformas constitucionales, particularmente de 2011 y 2013. Por lo tanto, vivimos un ejercicio de parlamento abierto, inédito en la historia de México, en el que la reflexión sobre un tema regular incluyó la iniciativa del Poder Ejecutivo, las modificaciones a la iniciativa por parte de los legisladores y la participación activa de los ciudadanos, con una iniciativa para efecto de construir la legislación secundaria en un esquema de parlamento abierto”, destacó.
El secretario de la Función Pública explicó que con todos estos elementos fue posible el nacimiento de la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción. Recordó que una vez aprobado el esquema, al incluirse a empresarios y quienes reciben recursos públicos para presentar sus declaraciones 3de3, el titular del Ejecutivo planteó su veto al Congreso, el cual finalmente modificó el esquema reclamado.
“Desde el punto de vista de la reflexión del Estado de derecho y de las leyes, el proceso es muy positivo y es muy cuidadoso, porque fue incluyente y ordenado”, aseguró.
