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Especialistas advirtieron que la renta de 80 autos híbridos con un costo al erario de 30 millones de pesos, bajo contrato de dos años en la Cámara de Diputados, podría resultar un costo más alto que adquirirlos, por lo que solicitaron transparentar la licitación que ganó la empresa Jet Van Car Rental, para evitar opacidad y discrecionalidad en el uso de recursos.
Para Marco Cancino, analista y director general en Inteligencia Pública, “sería más factible que esas unidades las pagaran los mismos legisladores de sus bolsillos”. Sostuvo que una inversión de esa magnitud el único beneficio que busca es mejorar la imagen pública de los legisladores ante los temas medioambientales.
“El número de autos que van a conducir los legisladores no va a generar un cambio en los niveles de contaminación de la Ciudad de México. El foco de atención es que a nosotros como ciudadanos no nos importa que ellos manejen un auto hibrido a ese costo, más bien que hagan su trabajo como legisladores”, declaró a EL UNIVERSAL.
En un caso similar a la licitación de la Cámara de Diputados para arrendar vehículos, la Contraloría General del Instituto Nacional Electoral (INE) advirtió en su informe anual 2015 que saldría más barato —hasta 50% menos— adquirir los vehículos que rentarlos. El INE contrató a la misma empresa que la Cámara Baja para un arrendamiento aún vigente por mil 96 vehículos durante cuatro años (2015-2019) por un costo de 935 millones de pesos, lo cual supone un precio elevado.
“La evaluación de la contraloría concluye que el esquema de adquisición claramente supone una alternativa más económica en comparación con el esquema de arrendamiento que el instituto contrató para mil 96 vehículos”, resolvió la Contraloría General del INE.
En contraste, la empresa Jet Van Car Rental detalló a EL UNIVERSAL que actualmente más de 90% de las dependencias públicas prefieren arrendar que comprar unidades, pues al rentar un vehículo se cubren gastos como servicios, seguros, tenencias, servicios correctivos, deducibles, incluso sustituir los autos en caso de descompostura.
“Son cantidades de servicios añadidos que les permiten a las empresas trabajar sin problemas, además de que no serían varias licitaciones, sino que se contrata un todo. La propia OCDE en México hizo la mención de que ya no compren, sino renten, porque al final del día las dependencias se llenan de chatarra”, argumentó.
Otras dependencias como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) también tienen contratos millonarios con la misma empresa. El SAT pagará durante cuatro años (2015-2019) mil 128 millones 139 mil 626 pesos por el arrendamiento de vehículos utilitarios, blindados y tipo patrulla, de acuerdo con la licitación LA-006E00001-N109-2014.
Opacidad. Especialistas consultados por este diario señalaron que pareciera anómalo que se renten autos y no que sean comprados. Acusaron que existe discrecionalidad y opacidad en las operaciones internas de la Cámara de Diputados.
Guillermo Ávila, investigador de Fundar, sostuvo que hay una diferencia evidente entre la compra y la renta. “Entre lo que rentan y compran evidentemente hay una diferencia que a mí, de principio, me parece anómala. Tendríamos que ver el contrato de cómo se rentan y por qué no se compran”, dijo.
Para Edna Jaimes, directora general de México Evalúa, sigue habiendo “espacios para la discrecionalidad y habría que analizar bien los términos para la licitación, a través de la cual se otorgó el contrato a esta empresa arrendadora de automóviles”.
El director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Enrique Cárdenas Sánchez, dijo que los legisladores deben ser más transparentes. “En los registros y operaciones del Congreso hay mucha discrecionalidad y no sólo eso, sino opacidad, porque no reportan gastos”, dijo.
Añadió que “es importante que esos temas sean más fáciles de auditar. Estas cosas deben ser absolutamente transparentes. No sé si haya corrupción, pero lo que sí hay es una mala administración”.
Mariana Niembro, directora de Borde Político, calificó como preocupante la adquisición de autos, en especial de la Cámara de Diputados, “pues han salido muchos escándalos de que la flota vehicular se renueva cada Legislatura”.
El politólogo y especialista en transparencia legislativa Khemvirg Puente pidió a la Cámara de Diputados justificar por qué fue tomada esa decisión frente a otras opciones para el arrendamiento vehicular, “así podríamos saber cuáles fueron las consideraciones, por qué se eligió a esa empresa para evaluar si fue una decisión correcta”.
Por su parte, Regina Santiago, presidenta del Observatorio Ciudadano de Medios, exigió que se realice una investigación al respecto, “que se documente y, en dado caso, que haya consecuencias sobre todas las irregularidades presentadas”.
