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El embajador de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Alfonso de Alba, propone reformar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y trasladar la sede de la CIDH a Costa Rica.
“Reformé el sistema de las Naciones Unidas, me tocó la transición de la comisión al consejo, la comisión había perdido efectividad, por excesiva politización, selectividad, había perdido legitimidad, y la CIDH padece el mismo mal”, dice.
De Alba Góngora volvió a la OEA, esta vez como embajador, hace un mes y medio, pero se ha situado como uno de los líderes más activos a la hora de proponer respuestas a las dos crisis que más preocupan en el organismo: la situación en Venezuela y el abismo financiero de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Su propuesta de reforma es para el conjunto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: la comisión, con sede en Washington, y la corte, ubicada en San José (Costa Rica).
“Las dos tienen un problema de financiación, pero la corte ha sido más responsable, tiene propuestas completas de cómo atender esto, la CIDH se había rezagado. Hay que buscar una solución para las dos instituciones”, defiende.
México quiere poner fin a la dependencia de las contribuciones voluntarias, que cayeron con la crisis económica y de refugiados en Europa, y establecer “obligaciones contractuales” para que sean los países de la región los que financien el sistema, más allá de la partida fija que sale del presupuesto de la OEA (6%, 5 millones de dólares).
El “mecanismo adicional” que propone México generaría, “vía un protocolo”, una escala de cuotas que solo sería obligatoria para los países firmantes del Pacto de San José, que creó en 1979 la corte, que no han ratificado ni Estados Unidos ni Canadá ni algunos Estados caribeños. “Si no eres parte [del pacto] no tienes obligaciones contractuales, por eso habría contribuciones obligatorias e indicativas”, explica.
La comisión, creada en 1959 como órgano autónomo de la OEA, sí tiene competencias sobre todos los Estados, mientras que la corte no puede pronunciarse sobre casos de países que no firmaron su pacto fundacional. “Pero si establecemos un mecanismo de cuotas para la corte, nada impide que sea también para todo el sistema”, apunta el diplomático.
Sobre excluir a Estados Unidos, el mayor contribuyente de la CIDH, de la obligatoriedad repercutiría en las finanzas del órgano, el embajador dijo que “la idea no es que deje de aportar, sino que todos aportemos más”.
