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ruth.rodriguez@eluniversal.com.mx
A dos años de los acontecimientos de Tlatlaya, Estado de México, 16 organizaciones civiles denunciaron que este caso se encuentra impune ante la falta de efectividad de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Poder Judicial de la Federación frente a un Ejército Mexicano que se muestra renuente a la rendición de cuentas sobre este caso.
Al día de hoy, dijeron, ningún responsable de la violación de derechos humanos se encuentra procesado y no se están realizando todas las diligencias necesarias para fincar responsabilidades a todos los niveles.
El 30 de junio del 2014, en un operativo del Ejército 22 personas murieron y un militar resultó lesionado luego de un enfrentamiento en una bodega del poblado de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, en el sur del Estado de México.
Las organizaciones, entre las que se encuentran el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Insyde, Serapaz y el Centro Nacional de Comunicación Social, entre otras, recordaron que la PGR había asegurado que no habrá impunidad y que la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos “determinó en su recomendación 51/2014 la ejecución arbitraria de por lo menos de 12 a 15 personas”. Sin embargo, destacaron, en los hechos el pasado mes de mayo el magistrado del Sexto Tribunal Unitario en el estado de México, Adalid Ambriz Landa, decretó la libertad de los tres elementos del Ejército Mexicano que enfrentaban un proceso penal en el fuero civil por homicidio calificado y encubrimiento, alegando insuficiencia de elementos para probar los hechos o las responsabilidades de los militares.
Para las agrupaciones de la sociedad civil, esto es producto de una acusación deficiente y falta de investigación por parte de la Procuraduría General de la República.
Denunciaron los intentos de revictimización contra Clara Gómez González, sobreviviente de los hechos y madre de la también víctima menor de edad Erika Gómez.
“Sin la valentía de Clara, quien rindió testimonio de los hechos, la verdad no habría salido a la luz. El caso Tlatlaya continúa abierto hasta en tanto no se esclarezcan los hechos y no sean sancionados los culpables”, señalaron las organizaciones civiles.
