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El Comité Ejecutivo Nacional del PRD sentará en el banquillo a aquellos senadores y diputados federales que se ausentaron en la sesión y omitieron votar la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, mejor conocida como Ley 3de3. Incluso, no se descarta suspender derechos a los legisladores omisos.
El secretario Electoral del PRD, Octavio Martínez, informó que la dirigencia nacional avaló por unanimidad citar a los legisladores para que detallen sus argumentos de su actuar ante la Ley 3de3 y, así, valorar si existen los elementos necesarios para iniciar un proceso disciplinario ante la Comisión Jurisdiccional del partido.
Los senadores que se ausentaron de la votación y por la cual se evitó que se aprobara hacer públicas las declaraciones fiscales, patrimoniales y de interés de los políticos, fueron Luz María Beristaín, Alejandra Roldán y Benjamín Robles Montoya,
“Los diputados que están en las mismas circunstancias serán llamados a declarar para determinar el porqué de su proceder, no se descarta la posibilidad de suspender los derechos partidarios del grupo de Diputados que pertenecen a la corriente ADN [Alternativa Democrática Nacional] que encabeza Héctor Bautista”, indicó Martínez Vargas en un comunicado.
El CEN del PRD aprobó citar a comparecer a los integrantes del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado de México, quienes votaron en favor de un financiamiento por 30 años a los 125 municipios de la entidad.
“Existe una Ley de Disciplina Financiera que entrará en vigor el 1 de enero de 2017 que pone candados y limita los excesos de las entidades y de los municipios. Esta legislación del Estado de México autorizó financiamientos a los ayuntamientos en el marco de un proceso electoral para renovar gobernador, que se efectuará el primer domingo de junio de 2017”, detalló.
Recordó que entre de los municipios mexiquenses con mayores adeudos están Ecatepec, Chimalhuacán, Tlalnepantla, Toluca, Metepec y Chalco. Aun así, los legisladores perredistas votaron en favor y no revisaron los financiamientos excesivos que han ido en detrimento de los servicios públicos.
