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El veto parcial del presidente Enrique Peña Nieto a la Ley 3de3 no obedeció a las presiones del sector privado, sino a problemas de legalidad y de constitucionalidad, afirma Virgilio Andrade Martínez, secretario de la Función Pública.
En entrevista con EL UNIVERSAL, en la Secretaría de la Función Pública (SFP), aclara que no hay razones del mismo peso para modificar el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades, pues la crítica demanda que se le incluya a los servidores la obligación de hacer públicas sus declaraciones patrimonial, de interés y fiscal.
Niega que en el nuevo sistema haya riesgos de que los servidores públicos presenten menos datos en su 3de3, porque para su integración se incorporará a ciudadanos expertos.
¿Se vio forzado al veto el Ejecutivo, por las críticas y las presiones de la iniciativa privada?
—El Ejecutivo escuchó los argumentos de los particulares, incluso de algunos legisladores, y ejerció una responsabilidad que tiene en las manos. Entonces, es un ejercicio muy responsable del último escalón en el proceso legislativo. Corresponde esta última responsabilidad al Poder Ejecutivo.
¿Fue el senador Manuel Cárdenas quien metió a la IP en la 3de3 al proponer ajustes al artículo 32 o su origen fue el Gobierno Federal, como acusa el senador Miguel Barbosa Huerta (PRD)?
—Todos los legisladores, cuando hacen propuestas en el debate legislativo, y las discusiones en lo particular, asumen la responsabilidad de la iniciativa que se presenta.
¿Por qué no vetar también el artículo 29 que obligaría a publicitar el 3de3 de los funcionarios?
—El contraste entre los artículos 29 y 32 es un reflejo de cómo el Presidente de la República considera los valores o la calidad argumentativa en cada uno de los dos, y pondera. En ese sentido, consideró que desde el punto de vista argumentativo, hay razones para observar el artículo 32 porque pudiese tener problemas de legalidad, problemas de constitucionalidad, problemas de proporcionalidad y problemas de idoneidad para operar.
El artículo 29 está sustentado en bases constitucionales vinculadas con la protección de datos personales. Hay que considerar que en cualquier caso será el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción el que establezca los formatos definitivos de la declaración patrimonial y de conflicto de interés. Hoy los formatos los define la SFP. Sin duda, la participación de todo el Comité Coordinador, integrado por ciudadanos, pero también de las instituciones, mejorará el proceso.
¿No se corre el riesgo de que el formato ciudadano actual de la plataforma 3de3 quede mucho más arriba que éste que vamos a tener a partir del artículo 29?
—Es un hecho que quedará más enriquecido. No corremos ningún riesgo de que haya baja calidad o que hayan formatos que no ayuden al objetivo de tener la información de la situación patrimonial, o de posible conflicto de interés de los servidores públicos, incluso su formato fiscal.
Indicadores dicen que la corrupción nos cuesta entre 2% y 10% del Producto Interno Bruto (PIB), ¿algún día bajarán estas cifras del costo de corrupción?
—Seguramente van a bajar, con independencia de esos (indicadores internacionales), también que las personas sientan en su vida cotidiana que la corrupción ha bajado. Esa es la parte más importante. En materia de corrupción, insisto, además de los índices, es necesario que las personas perciban que existe rectitud por parte de los gobiernos y de las administraciones de todos los niveles en su actuar cotidiano. Ese es el objetivo que se tiene que lograr lo más pronto posible.
Uno de los aspectos que más se han cuestionado a esta administración es la impresión de corrupción, es decir, que la corrupción se enseñoreó en el Gobierno Federal durante este sexenio...
—Muy recientemente, no sólo en México, sino en el mundo, la sociedad abierta se ha vuelto exigente, está muy atenta y además muy sensible, a cualquier situación o proceso que pudiese alterar particularmente la percepción de rectitud. Cualquier evento o situación que vive un gobierno es asociado, en términos de juicio al gobierno, como un asunto de corrupción.
Con independencia que lo sea o no, precisamente este contexto es el que obliga a construir la integridad y la rectitud de los gobiernos. Por eso el Sistema Nacional Anticorrupción es una respuesta, una respuesta consensuada por el Ejecutivo, por el Congreso, con la participación de ciudadanos y con la presencia próxima de otros órganos. Por lo tanto, efectivamente, las respuestas tienen que ser institucionales, y ésta es una de ellas.
¿Tratan de restituir la imagen?
—El objetivo fundamental es poder atender un tema que tiene centralidad en la agenda pública. Derivado de ello, es importante hacer las adecuaciones institucionales, como se están haciendo en este momento.
¿Las siete leyes quedarán resueltas tras estas observaciones?
—Al resolverse estas observaciones, el proceso quedará completado y se abre un nuevo capítulo que consistirá en aterrizar, desde el punto de vista operativo, los mandatos derivados de las siete leyes. En ese sentido, tanto este año como el siguiente, permitirán realizarlo y ver las primeras acciones.
Sería bueno que los legisladores echaran un ojo más acucioso a lo que hacen...
—Los procesos legislativos le abren, en todo caso, al Presidente la última palabra y la responsabilidad final de definir lo que es vigente y lo que no.
