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A pesar de la crítica de la oposición porque el Ejecutivo federal no vetó el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que obliga a todos los funcionarios públicos a hacer públicas sus 3de3, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho, cerró la puerta y dijo que el contenido de este artículo ha sido suficientemente discutido y la discusión está terminada.
En conferencia de prensa, Camacho Quiroz explicó que en el periodo extraordinario solamente se tratará el contenido del artículo 32, que establece obligaciones para la IP.
“El contenido del artículo 29 ha sido suficientemente discutido en el Poder Legislativo por meses, de tal suerte que para nosotros esa es una discusión terminada. Adicionalmente, los preceptos constitucionales y legales establecen que sólo versará la discusión sobre las observaciones, de suerte que ni siquiera el Poder Legislativo puede abrir la discusión sobre un asunto al que no se refiere el veto. Para nosotros este ha sido un asunto suficientemente discutido”, aseguró el priísta mexiquense.
Agregó que de los 15 planteamientos que formularon organizaciones de la sociedad civil a este respecto, “14 fueron incorporados, de modo que hay dos maneras de analizar el contenido de los planteamientos. Nosotros lo hemos visto positivamente, y 14 de 15 nos parece más que razonable”.
Presionaron para el veto. Sobre el tema, líderes del PAN y del PRD aseguraron que este veto es “parcial y lo único que se buscó fue congraciarse con el empresariado y se olvidó de las 600 mil firmas que empujaban el 3de3. Incluso criticaron que la presión empresarial obligó al Presidente a vetar la Ley 3de3.
La presión del sector empresarial obligó al presidente Peña Nieto a vetar la Ley 3de3 para que empresarios —ligados a contratos con el gobierno— no rindan sus declaraciones de interés, fiscal y patrimonial, aseveró el dirigente nacional del PRD, Agustín Basave, quien calificó la medida poco trascendente.
“Me queda claro que fue la presión de los empresarios que hizo que el Presidente vetara ese artículo. El Presidente no lo habría hecho sin la presión de los empresarios”, sostuvo.
Tras una reunión con el gobernador electo de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, el líder del sol azteca subrayó que más allá del veto, las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción están mal hechas y son versiones “deslactosadas” que fueron aprobadas en bloque por el PRI y el PVEM en el Congreso.
“En el PRI se han defendido como gatos boca arriba siempre, desde el principio estuvieron tratando de achatar las cosas, de suavizar, porque está en su ADN”, criticó.
Los diputados panistas Federico Döring Casar y Cecilia Romero Castillo aseguraron que sería un error que en el periodo extraordinario solamente se desahogue este tema y tendría que ampliarse a otros.
“Tendría que haber de manera previa una redacción consensuada sobre el artículo 32 y un dictamen elaborado, así como una batería de temas de interés para otros grupos”, explicó Döring Casar.
