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francisco.resendiz@eluniversal.com.mx
El presidente Enrique Peña Nieto vetó parcialmente la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que en su artículo 32 obligaba a particulares a presentar su declaración 3de3 cuando tuvieran relación con el Estado.
Lo anterior, por considerar que su eventual aplicación inhibiría la relación comercial de particulares con el gobierno, violentaría los derechos humanos de los mexicanos y haría inoperante el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
El encargado de dar el mensaje fue el consejero jurídico del Ejecutivo, Humberto Castillejos, mientras el presidente Peña Nieto había regresado a México luego de viajar ayer a Cuba para atestiguar la firma de la paz entre Colombia y las FARC-EP.
Castillejos argumentó que el presidente Peña Nieto ejerce su facultad constitucional de realizar observaciones a las leyes aprobadas por el Congreso, “conocida como facultad de veto”. La parte que permite a funcionarios no abrir totalmente su 3de3, no fue vetado.
El anuncio se dio luego de que el martes el Presidente se reunió con empresarios, quienes externaron su rechazo al articulado.
Tras anunciar que Peña Nieto devolverá al Senado para su análisis el artículo 32, incisos B y C, de la citada legislación, conocida como Ley 3de3, y 15 artículos más que se relacionan con el artículo, el consejero dijo que se solicitará a la Comisión Permanente del Congreso un periodo extraordinario de sesiones para procesar este tema.
Detalló que el Ejecutivo devolverá la parte en que se obliga a que todo particular o empresa que ejerza o reciba recursos públicos, o que contrate con cualquier instancia de gobierno, debe presentar sus declaraciones patrimoniales y de intereses.
Procesar millones de datos. Agregó que dichos artículos apuntan que toda persona que trabaje en empresas que contrate con el gobierno, “es decir, la totalidad de los trabajadores de una empresa sin importar su función dentro de la misma”, tendrían que presentar estas dos declaraciones.
“El gobierno de la República ha escuchado con atención las voces que argumentan que esta medida es excesiva y que haría inoperante el Sistema Nacional Anticorrupción, ya que sería imposible procesar millones y millones de declaraciones”, argumentó Humberto Castillejos.
Hizo notar que, a consideración del Ejecutivo federal, también inhibiría a los particulares de prestar servicios o vender productos a gobiernos, “y lo más importante” afectaría a personas que no están vinculadas con contrataciones como beneficiarios del programa Prospera o los becarios del Conacyt, entre otros.
“Con la convicción de que las críticas a estos artículos han señalado un problema real a la operatividad del Sistema Nacional Anticorrupción y que esta medida resultaría contraria a los derechos humanos, previstos por la Constitución General de la República, al afectar de manera excesiva la vida privada y la protección de los datos personales de los mexicanos e incluso de extranjeros que no viven en el país, pero que trabajan en una empresa transnacional, el Presidente de la República está proponiendo modificaciones para fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción”, expuso.
Acompañado por el vocero del gobierno de la República, Eduardo Sánchez, el consejero Castillejos sostuvo que esto “de ninguna manera” disminuye la capacidad de las autoridades para investigar y sancionar a aquellos particulares que actúen de forma irregular ante el Estado.
Informó que el SNA prevé herramientas novedosas y útiles para su objetivo como la manifestación, caso por caso y contratación por contratación, de no estar el particular y el funcionario que intervenga en la contratación frente a un conflicto de interés, así como en las penas por incurrir en actos de corrupción que van desde sanciones económicas hasta disolución de empresas y prisión.
“Las observaciones parciales que se formulan por el Presidente, tienen como objetivo fundamental colaborar con el Poder Legislativo para fortalecer a las instituciones y garantizar que todas las normas que se aprueben por el Congreso se apeguen a la Constitución”, declaró.
Dijo que el gobierno está convencido de que por ningún motivo se debe retrasar la vigencia del nuevo SNA.
