El veto presidencial al artículo que incluye las declaraciones del sector empresarial, detiene la publicación del paquete completo de leyes del Sistema Nacional Anticorrupción lamentó el presidente de la Comisión de Estudios legislativos segunda del Senado, Alejandro Encinas Rodríguez (PRD).
Dijo el perredista que las observaciones del Ejecutivo “más allá de atender el reclamo de los empresarios, quienes no quieren estar sometidos a ningún proceso de control y rendición de cuentas, lo que va a causar es posponer la entrada en vigor del conjunto del sistema, porque el veto parcial o total tiene la misma implicación”.
Encinas afirmó que “no puede echarse a andar el total de la legislación, si no están definidos con claridad quiénes son los sujetos obligados y las condiciones y las normas que deben de cumplir”.
Dijo que “el Ejecutivo federal cedió a las presiones de los empresarios, cuando en todo caso si había una dificultad con la redacción de un artículo ese se pudo haber enmendado a través de una iniciativa del Presidente de la República o de los propios legisladores”.
Dijo que en el Sistema Nacional Anticorrupción “los empresarios no pueden estar excluidos, menos en un país donde los grandes ricos que también existen, en parte a partir de la privatización de los bienes públicos o el otorgamiento de concesiones públicas”.
Afirmó que “vamos a insistir en que el Sistema Nacional Anticorrupción cumpla puntualmente la Ley 3 de 3, las tres declaraciones: la fiscal, la patrimonial y la de interés, y por supuesto que deben estar sujetos los contratistas del gobierno”.
Explicó que la ley debe permitir identificar entre quienes obtengan contratos o concesiones, a partir de su declaración de intereses, el tráfico de influencia o, incluso, la existencia de alguna práctica ilícita, como el soborno para obtener contratos o concesiones.
Acusó que “se pretende dar marcha atrás a la inclusión de empresarios en mecanismo de declaraciones públicas, y yo espero que tanto en el Senado, como la Cámara de Diputados, se mantenga firme la decisión de tener controles sobre los beneficiarios de los contratos de obras y adquisiciones de los gobiernos en todos sus órdenes”.
jram