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Senadores del PRI, PAN y PRD aceptaron que el presidente Peña Nieto puede vetar el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores, de las leyes aprobadas por el Congreso, mediante las cuales se da forma al Sistema Nacional Anticorrupción, y que obliga a la iniciativa privada a presentar su declaración patrimonial, de interés y fiscal, por lo que estarán abiertos a las observaciones que haga el Ejecutivo.
El presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth (PAN), afirmó que hay plena apertura para analizar las observaciones que eventualmente le envíe el presidente Peña Nieto sobre parte de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
El mecanismo de veto presidencial, detalló, tiene la utilidad de que el Legislativo revise un decreto, “y corregir lo que se deba corregir”.
“No nos vamos a negar a ninguna modificación, a ninguna observación”, explicó.
El coordinador del PRI, Emilio Gamboa, declaró que serán muy respetuosos del mandato constitucional que tiene el presidente Peña Nieto, cuya decisión podría tomar hoy.
Gamboa reconoció que el contenido del artículo 32 no quedó “bien cerrado”, pues pareciera que todos los empleados tendrían la obligación de presentar sus declaraciones.
“Lo dejamos muy abierto y parece que cualquier empleado que su empresa diera un servicio a los gobiernos federal, estatal o municipal, tendrían que hacer su 3de3 todos los empleados, no es el espíritu de la ley”, aclaró el priísta.
Externó que el objetivo es que los ejecutivos y el director general hicieran su 3de3, porque manejan recursos públicos a través de una concesión, de un contrato. “Que fue una iniciativa, y ustedes lo saben, de Acción Nacional”.
El PRD solicitó al Presidente vetar los artículos 29 y 32 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores, conocida como Ley 3de3, del Sistema Nacional Anticorrupción y que sus enmiendas se desahoguen en otro periodo extraordinario.
En análisis jurídico: Sánchez. El presidente Enrique Peña Nieto analiza —con el apoyo de su Consejero Jurídico— las leyes aprobadas por el Congreso antes de promulgarlas.
Eduardo Sánchez, vocero del gobierno de la República, detalló que las leyes anticorrupción están en proceso de análisis hasta por un periodo de 30 días y que antes de que finalice este lapso —el próximo 17 de julio— el jefe del Ejecutivo procederá conforme a derecho.
Recordó que el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo, la noche del martes, una reunión con las dirigencias empresariales del país, durante la cual, explicó, hicieron un reconocimiento al avance de las leyes anticorrupción.
Señaló que este paquete de leyes incorpora buena parte de las prácticas internacionales del combate a la corrupción y pondrían a México a la vanguardia en esta materia.
Observaciones. El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano (PRD), envío una carta al Presidente para solicitarle ejerza la facultad de hacer observaciones.
Esto porque el artículo 29 no incorpora elementos de la iniciativa ciudadana denominada Ley 3de3, propuesta para contar con un instrumento normativo de rango nacional que combata la impunidad, opacidad y sancione a los funcionarios que cometan actos de corrupción, destacó.
El coordinador del PRI, César Camacho, señaló que con una iniciativa su fracción enmendará el artículo 32, para evitar problemas en la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción.
“Es evidente que una redacción ambigua, el artículo 32, inciso C, que si se mantiene así pudiera generar problemas de operación”, dijo.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió modificar la 3 de 3.
En conferencia, Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, dijo que uno de los instrumentos con los que cuenta el presidente Enrique Peña Nieto es el veto de la Ley 3 de 3, con observaciones específicas para hacer viable el sistema.
