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El PAN en el Senado fue el primer partido en proponer en la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos —Ley 3de3— que todos los particulares que reciban recursos públicos o celebren contratos con alguno de los tres niveles de gobierno presenten sus declaraciones patrimonial, de interés y fiscal.
En un documento con fecha del 8 de abril pasado, el senador panista Luis Fernando Salazar envió esa propuesta al presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, Pablo Escudero (PVEM), encargado de coordinar la dictaminación de leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
El texto señala que cualquier persona física o moral, pública o privada, incluidos fideicomisos, mandatos o figuras jurídicas similares; sindicatos, organizaciones del sector social y productivo, así como personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles de impuestos, que hayan captado, administrado, recibido, manejado o ejercido recursos públicos de los tres niveles de gobierno u órganos autónomos tendrán las siguientes obligaciones.
“Presentar, previo a la firma de cualquier instrumento jurídico mediante el cual formalice una relación económica que involucre el manejo o ejercicio de los recursos públicos, copia de la declaración anual de impuestos del ejercicio fiscal anterior”, así como una certificación de la secretaría [de Estado] en la que haga constatar que cuenta con un registro patrimonial de empleados expuestos, y en su caso, copias de la información respectiva a situación patrimonial correspondiente, conforme a los lineamientos que la ley señale.
Además, indica, debe “presentar con oportunidad y veracidad su declaración de interés, conforme al formato que publique la secretaría”.
Respecto del primer punto, la propuesta del senador Salazar, señala que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y los órganos internos de control podrán, en el ámbito de sus atribuciones, llevar a cabo revisiones coordinadas a la contabilidad de las personas que se trate.
El documento establece que esa normatividad también será aplicada a las personas (cabilderos) que en lo individual o en su conjunto, realicen actividades dedicadas a promover intereses legítimos de particulares o a obtener una resolución favorable a los intereses propios o de terceros, ante el Congreso federal, los de los estados o el de la Ciudad de México, así como para algún ente del Poder Ejecutivo federal, de los estados, municipios o cualquier órgano constitucional autónomo.
En su argumentación, el senador panista por Coahuila asegura que es indudable que los beneficios por actos de corrupción también pueden alcanzar al sector privado.
“Es frecuente que haya colusión entre funcionarios públicos y empleados de las empresas para obtener ganancias personales indebidas a costa del erario público”, adivirtió.
El 12 de abril, el senador Salazar envió una propuesta más detallada a la Comisión Anticorrupción, ahora con el respaldo de sus compañeros Jorge Luis Preciado Rodríguez y Raúl Gracia Guzmán, para hacer una propuesta de “declaraciones 3de3 para particulares”.
Análisis de constitucionalidad. Los panistas también elaboraron un análisis de constitucionalidad y convencional de su propuesta, misma que fue firmada por los senadores Raúl Gracia, Jorge Luis Lavalle, Luisa María Calderón, Mariana Gómez, Ernesto Cordero, Adriana Dávila, Roberto Gil, Jorge Luis Preciado, Sonia Rocha, Silvia Martínez, Octavio Pedroza, Salvador Vega, José de Jesús Santa Ana, Silvia Garza, Sonia Mendoza y Fernando Torres, para modificar el artículo 32 de la Ley 3de3.
En su análisis se desprende que bajo el principio de idoneidad, la necesidad de presentar las tres declaraciones de la ley es una medida adecuada para identificar el patrimonio de los particulares, que permite seguir la evolución relacionada con su participación con el poder público.
Se investigará “si tienen conflictos de interés que pudieran deslegitimar su participación en los mismos y si los ingresos fiscales que han declarado con anterioridad a su participación y los declarados de modo subsecuente son coherentes con lo que legalmente les correspondía percibir”.
En cuanto al principio de proporcionalidad, señala que la exigencia de presentar las declaraciones guarda una relación adecuada con el significado de los derechos intervenidos, porque su imposición salvaguarda que en todo momento el desarrollo del servicio público y manejo de los recursos, no sean utilizados en beneficio de intereses privados, por ende, ajenos a lo que persigue la función pública.
No obstante, en la madrugada del lunes todas las bancadas —con excepción del PT— avalaron la propuesta del senador independiente Manuel Cárdenas, para exigir la presentación de la 3de3 a todos los particulares que reciban recursos o celebren contratos con los tres niveles de gobierno.