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Los ojos y esperanzas de una sociedad dolida, escéptica y victimizada están puestos en el nuevo sistema penal del país. “No podemos ni debemos fallarle”, afirmó el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar, quien pidió no “echar las campanas al vuelo” con la entrada en vigor del modelo.
En su mensaje, en la ceremonia oficial de entrada en vigor del sistema, subrayó que el verdadero destino de las tareas que se han llevado a cabo para su implementación es convertir la realidad del país en un pasaje superado de la historia.
Señaló: “Los jueces federales asumimos el reto de cumplir con el mandato popular plasmado en nuestra ley suprema, dar a todos, sin distinción, sin discriminación, la justicia moderna, transparente, eficiente y profesional, que solucione las controversias y resuelva con rigor las conductas ilícitas.
“Preocupándonos, con igual empeño, por la condición de las víctimas, por resarcirles los daños, por minimizar las consecuencias del delito, haciéndolo siempre, sin excepción, mediante el respeto a los derechos de todos, de la dignidad humana, de la condición de la persona y de los más altos intereses de la sociedad”, enfatizó .
Dijo que más allá de decir “hemos cumplido” con transformar el sistema de justicia, se debe pensar que se ha detenido la inercia histórica de una forma de procuración e impartición de justicia, y que ahora comienza el reto de hacer realidad, “cueste lo que cueste, le pese a quien sea, una nueva, libre, transparente y mejor forma de impartir la justicia penal frente a la gente, con razones y argumentos, con principios protectores, sin ocultamientos ni zonas oscuras”.
Durante la ceremonia en la que el presidente Enrique Peña Nieto anunció la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal, el ministro detalló que la vieja tendencia debe ser revertida, y eso sólo sucederá en la medida en que se consoliden y desarrollen las acciones instrumentales que se están llevando a cabo.
Luis María Aguilar, tras hacer un balance del pasado modelo de justicia penal, enfatizó que hoy es la Constitución la que determina que las pruebas que hayan sido obtenidas con violación a los derechos fundamentales son nulas, porque a pesar de que parezca que prueban algo, son violatorias, no acreditan nada, puesto que todo imputado debe presumirse inocente, a pesar de que la opinión pública lo crea culpable, “sólo el juez puede determinarlo”.
Aguilar Morales dejó en claro que es el inicio de una etapa: “Qué mal haríamos en suponer que hemos terminado, que engañoso sería decirle a los gobernados que el sistema de justicia está resolviendo todos sus problemas”.
El ministro presidente de la SCJN enfatizó que se volvió una especie de secreto a voces, “y a veces de gritos desesperados, un crudo mensaje social”, que el modelo de justicia penal dejó de cumplir con su misión, no aportaba nada a favor de la seguridad y tranquilidad de las familias ni, mucho menos, evidenciaba el respeto a los derechos fundamentales de las personas, por lo que “se perdió la confianza en el sistema, se iba perdiendo credibilidad en la actuación de los jueces” y las modificaciones que se llegaron a hacer, “terminaron siendo sólo de maquillaje o simplemente anecdóticas”.
Por ello, indicó que “no es desproporcionado” afirmar que la significación de la reforma al sistema de justicia penal está sólo por detrás de los procesos constituyentes de los que emanaron las cartas fundamentales que han regido el destino del país. “Así de importante es el paso que los mexicanos hemos dado para transformar, con un cambio radical, el paradigma para la solución de las problemáticas en materia de justicia penal”, señaló.