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A la medianoche de este sábado, los titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial pusieron en marcha el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, con lo que iniciarán los juicios orales en esta materia a lo largo de todo el territorio nacional.
El presidente Enrique Peña Nieto dejó claro que en este esfuerzo nacional se ha acreditado que los cambios estructurales que requiere México sólo pueden concretarse con una auténtica visión de Estado, “yendo más allá de diferencias políticas, calendarios electorales y periodos de gobierno”.
En la explanada del Altar a la Patria, en Chapultepec, dijo que desde el principio de su gobierno se tuvo claro que cumplir con el plazo de implementación era una meta fundamental y emblemática, “pero era sólo la primera”.
Durante la ceremonia de Estado, aseguró que su gobierno tiene la firme voluntad de ajustar donde haya que hacerlo y de cambiar lo que sea necesario para que las instituciones de seguridad y procuración de justicia estén acordes con esta transformación.
“Todos los representantes del Estado mexicano somos corresponsables del éxito del nuevo sistema de justicia penal. Sólo con un proceso continuo de aprendizaje y mejora podremos corregir fallas y superar los desafíos que seguramente habremos de enfrentar”, dijo el mandatario.
Acompañado por los presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Cámara de Diputados, del Senado de la República, gobernadores, jueces y magistrados, aseguró que el sistema de justicia está vivo, en constante transformación y evolución.
El Presidente llamó a los poderes Legislativo y Judicial, a los gobiernos locales, a la academia y a las organizaciones de la sociedad civil para mantener la causa de la justicia penal como una prioridad nacional.
Para que el nuevo modelo funcione bien —dijo— es indispensable contar con mecanismos efectivos de evaluación y monitoreo, por ello celebró el Acuerdo Nacional para la Evaluación, Seguimiento y Consolidación del Sistema de Justicia Penal que suscribieron los Poderes de la Unión, y ratificó el compromiso de su gobierno con la independencia del Poder Judicial.
Hizo notar que al concluir su implementación, el país da un paso decisivo para brindar a la sociedad una justicia más cercana, transparente y eficaz.
Reforma mayor en 100 años. Peña Nieto dijo que en el esfuerzo de implementación de la reforma penal se invirtieron en ocho años más de 21 mil millones de pesos, 89% de esos fondos en su administración.
Tras expresar su reconocimiento a quienes participaron en este cambio “histórico”, la transformación jurídica “más trascendente de los últimos 100 años”, destacó que con el apoyo de las entidades federativas se capacitó a 400 mil operadores del sistema y a 240 mil elementos de seguridad en el país.
Dijo que se reestructuraron fiscalías y procuradores estatales, y que para normar este nuevo modelo se crearon y reformaron 21 leyes federales o nacionales y se modificaron más de 350 leyes locales, también reconoció a los legisladores del país.
Para el Presidente, normas como el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal complementan el sistema y permiten una justicia más confiable.
Destacó que el nuevo modelo aplica para la justicia militar a partir de la reforma al Código Militar de Procedimientos Penales y las nuevas salas de justicia oral. Su actualización, añadió, reafirma el compromiso de las Fuerzas Armadas con el debido proceso y el respeto a los derechos humanos.
También mencionó el compromiso de los gobiernos locales para renovar y actualizar su infraestructura y para capacitar a magistrados, jueces, secretarios y actuarios que impartirán justicia. Reconoció que en la etapa de implementación México contó con la experiencia compartida por países como Estados Unidos y Canadá.
Indicó que con el paso del tiempo el anterior sistema de justicia penal mostró claros signos de agotamiento ante un aumento de violencia e inseguridad que se registró en el país durante la primera década de este siglo.
“Fue entonces cuando la sociedad civil alzó su voz con vigor y ánimo de proporciones nunca antes vistas para demandar y contribuir a un cambio cualitativo en materia de justicia penal. Las voces de la ciudadanía nos mostraron que no podíamos superar los desafíos del siglo XXI con leyes, mecanismos y procedimientos del siglo pasado”.
En su intervención, el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, convocó a todos los sectores de la sociedad a la unidad.
“Se trata de que el acceso a una justicia pronta, expedita y transparente no sea un anhelo, sino un derecho que sin distinción se ejerza a cabalidad. Que cuando alguien sufra un delito, las instituciones respondan con resultados y diligencia. Se trata de que nadie, ni siquiera el más vulnerable, esté desprotegido, y nadie, ni siquiera el más fuerte, pueda actuar con impunidad”.
El presidente de la Cámara de Diputados, el perredista Jesús Zambrano, dijo que aunque esto representa un avance, falta mucho por hacer.
El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, subrayó que todo cambio tiene su proceso de adaptación, correcciones y mejoras. Asentó que todos participarán de manera coordinada para lograr un sistema penal eficiente, eficaz y transparente.
Roberto Gil, presidente del Senado, dijo que este es un cambio profundo que implica una nueva forma de impartir justicia. “Es un reto mayúsculo, tenemos riesgos del otro lado de la puerta, el riesgo a la deslegitimación social de un sistema que se perciba insuficiente para resolver el reclamo de justicia y resolver la exigencia de combatir y abatir la impunidad”.
Edgar Elías Azar, presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, afirmó que el plazo de ocho años para instrumentar el sistema se cumple sin pausas y sin treguas.
