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El pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen sobre la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que regresa facultades a la Secretaría de Función Pública (SFP), así como la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, con la cual se dota de autonomía a la Auditoria Superior de la Federación (ASF).
Con 450 votos a favor en lo general fue avalado el dictamen que faculta a la SFP para recibir y registrar las declaraciones patrimoniales y de interés de los funcionarios, así como verificar su contenido mediante las investigaciones que resulten pertinentes.
Podrá realizar por cuenta propia o a solicitud de la Secretaría de Hacienda “auditorías, revisiones y evaluaciones para fiscalizar y promover la eficacia y legalidad en la gestión y encargo de las diversas dependencias”.
La dependencia atenderá también quejas e inconformidades que presenten los particulares con motivo de convenios o contratos que celebren con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República.
En materia de sanciones, la Función Pública podrá “conocer e investigar las conductas de los servidores públicos que pueden constituir responsabilidades administrativas”. Asimismo, aplicar sanciones, ejercer la acción de responsabilidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y presentar denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
La SFP volverá a ser la encargada de la evaluación de la gestión gubernamental, por lo que podrá inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de Egresos, así como expedir normas que regulen el control interno de la Administración Pública Federal.
Mediante un adendo, se precisa que la atribución del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) quedará en manos de la Secretaría de Hacienda, por lo que no dependerá de la Función Pública.
Con 459 votos a favor en lo general, la Cámara Baja avaló la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, en la cual se estipula que la ASF, podrá auditar las participaciones federales que los estados dan como garantía para el pago por contratación de deuda.
Dichas auditorías serán de manera directa o a través de convenios con los propios órganos de fiscalización de los estados que supervisaría directamente la Auditoría.
La Auditoria también fiscalizará las operaciones que involucren recursos públicos federales a través de subsidios, transferencias, donativos, fideicomisos, fondos, mandatos, asociaciones público- privadas o cualquier otra figura jurídica, los recursos que no recaudó el gobierno.