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silvia.otero@eluniversal.com.mx
La aplicación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio no está exenta de riesgos si persisten las carencias del actual modelo, puesto que ante los altos estándares que se requieren en la actuación de policías, peritos, investigadores, ministerios públicos, jueces y defensores una falla en esta cadena se traducirá en impunidad, en la liberación de presuntos delincuentes, reconocen integrantes del Poder Judicial de la Federación, quienes también señalan sus beneficios.
José Ramón Cossío Diaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); Daniel Francisco Cabeza de Vaca, asesor del Tribunal Electoral y ex consejero de la Judicatura Federal, y Alfonso Pérez Daza, consejero de la Judicatura Federal (CJF), en entrevista con EL UNIVERSAL realizan un diagnóstico de los escenarios ante esta transformación de la justicia. Cada uno con su visión y experiencia deja en claro que el cambio no será fácil, puesto que aún no están dadas todas las condiciones para que el modelo opere sin errores y la sociedad incluso ignora los cambios cruciales que se darán a partir del próximo sábado.
El ministro del alto tribunal, Cossío Díaz, afirma que “no hemos hecho lo necesario para que el sistema funcione correctamente. Creo que muchas personas están suponiendo que porque tenemos salas de juicios orales, que porque tengamos, digamos, la escenografía, los juicios van a funcionar, pero esto no es una obra de teatro.
“Si el sistema funciona bien, que ésta es una condición, puede ser altamente benéfico, puesto que es más transparente, más ágil. Es un sistema donde los derechos de todos pueden quedar mejor protegidos: los de las víctimas, procesados y los de la sociedad. En ese sentido si todo funciona idealmente yo creo que sería una gran solución”.
Cossío Díaz advierte, sin embargo, que “aquí hay disputas muy serias, una sociedad muy agraviada, una impunidad muy alta, una incompetencia de muchas de las personas que tienen que participar en estos procesos, policías mal entrenados, carencias de servicios periciales, ausencia de entrenamiento de los defensores, y eso puede redundar en un pésimo sistema de justicia si es que no se han hecho las acciones correspondientes”.
Tajante, apunta: “si no está todo, va a funcionar peor que el actual sistema”.
El ministro cuestiona otros eslabones de la cadena, claves en el sistema de justicia. “Hay poco interés de la academia. La mayor parte de las escuelas de Derecho no están entrenando a sus alumnos. Las barras y colegios profesionales tampoco han capacitado a sus miembros. Ahí hay un problema de la formación profesional muy grave.
“A los policías se les está dando un curso de dos semanas. Cuando se caiga la evidencia, cuando no sean capaces de mantener lo que ahora se llama en el nuevo modelo ‘la cadena de custodia’, entonces se van a dar cuenta que el curso de dos semanas no sirve. De por sí nuestros policías desafortunadamente son chicos, jóvenes que tienen bajos niveles educativos, que tienen una escasa preparación, y no se les ha entrenado seriamente para el nuevo sistema”, advierte.
“En el país, salvo poco estados y la Federación, los demás no tienen buenos servicios periciales, no tienen laboratorios. En la parte de medicina legal, la que se refiere a la parte forense está depreciadísima. Entonces, al hacer la suma de todo esto, la verdad, no se ha hecho nada en ocho años y estamos tratando de formar una escenografía muy buena, y a ver cómo funciona esto”.
El problema es también cultural, advierte, puesto que en el nuevo sistema el presunto delincuente “si sale con fianza y vive frente a la casa del agraviado, éste no va entender qué pasó, por qué está libre aunque sea lo correcto, y nadie se ha preocupado por explicarle a la gente. Esto traerá una percepción de mayor impunidad”.
La sociedad debe entender que el nuevo sistema tiene medios alternativos para llegar a un arreglo y que un acusado no vaya a la cárcel, puesto que confesó su delito y quiso abreviarlo. “La sociedad no va a entender eso, puesto que en el cambio de cultura no se hizo nada durante muchos años”.
Reconoce que el papel de los jueces bajo este nuevo modelo será muy cuestionado por dejar libres a presuntos delincuentes. “Mi preocupación es que estoy viendo, al menos en los primeros tiempos, que se va a generar impunidad. Van a decir: ‘los magistrados son unos locos que sueltan a todo mundo, que no han entendido’. Sí hemos entendido”.
Los ajustes. Daniel Francisco Cabeza de Vaca, ex consejero y quien fuera titular de la Procuraduría General de la República, expone que “el cambio de cualquier forma es positivo, pero no está exento de riesgos, de problemas, y seguramente el día de mañana habrá que hacer algunos ajustes, correcciones que se han presentado en todo el mundo donde se aplica el modelo”.
Reconoce que tiene una visión optimista de esta transformación de la procuración de justicia en México, pero no deja de advertir el riesgo de la posible liberación de presuntos delincuentes por los altos estándares que deberán cumplirse para comprobar los delitos, donde una falla en cualquiera de los operadores del sistema puede generar una percepción de impunidad.
“Una faceta del problema que se debe atender es lo relativo a los delincuentes que sí tienen que estar en la cárcel. La reforma penal prevé igualdad de armas, es uno de los principios que la rige, es suelo parejo. En el Ministerio Público, la parte acusatoria, el representante social y el acusado en este caso tienen el mismo nivel ante el juicio, la misma posibilidad de probar ante un juez a favor y en contra. Eso implica estándares de trabajo más difíciles para toda la tarea persecutoria tanto federal como local. Van a tener que hacer mucho mejor su trabajo. Si no hay cuidado en la integración de las averiguaciones, sí puede haber muchos liberados”.
“He visto los esfuerzos que están haciendo las autoridades, capacitando a las policías de investigación y a los ministerios públicos. Ahora, yo espero, va a haber algunos problemas, pero se tendrán que ir solucionando.
“Los juzgadores deberán irse dando cuenta que las causas se reparan reponiendo el procedimiento, no liberando delincuentes. Si dentro del proceso hay algo que no se atiende, habrá que ver si esa persona tuvo el adecuado derecho de defensa y sobre eso resolver dándole la oportunidad de que se defienda, pero no liberando a ningún delincuente, por los estándares más altos que tienen actualmente de prueba”, enfatiza.
Destaca que el nuevo modelo implica que “hay opciones que no son privativas de la libertad y que deben de buscar por un lado la reinserción del delincuente y, por el otro, la reparación del daño a la víctima, y eso es lo que viene a ser la verdadera importancia de la reforma penal”.
Deja en claro que este cambio jurídico es también cultural. “Esto es por la misma naturaleza de la reforma. En primer lugar, la prisión preventiva te deja como última opción la sanción de prisión, que se deja para los casos donde realmente deben de ser sancionados los delincuentes con cárcel, y en los demás se debe buscar en primer lugar arreglar con otros medios, con otras opciones de solucionar la controversia y no estar con un costo elevado para el Estado”, señala.
Reconoce que si bien el riesgo de que los presuntos delincuentes salgan libres es latente, confía en que este panorama no se presente. “Prefiero ser optimista y pensar que ese escenario negro no se va a dar”, por el tiempo que se ha preparado a todos los operadores del sistema.
Falta de información. El consejero de la Judicatura Federal Alfonso Pérez Daza admite que una de sus preocupaciones es que no se ha difundido adecuadamente en qué consiste el nuevo sistema penal, y si la sociedad no sabe cómo va a funcionar no podrá juzgar si está bien o mal aplicada la ley, y esto abonará a un percepción de mayor impunidad.
“Doy un ejemplo con la prisión preventiva. En muchas ocasiones se ha criticado del anterior sistema que la autoridad primero te pega y después investiga. Hemos escuchado casos dramáticos donde alguien estuvo en la cárcel tres años y al final salió absuelto; entonces, mucho se criticó de la anterior legislación en donde no se defendía la presunción de inocencia. Finalmente se ganó esa batalla, la nueva ley lo que va establecer es que ‘si me acusas me trates como inocente’”.
Detalla que “lo primero que cambió la nueva ley es quitar la prisión preventiva para que, aunque te acusen por un delito grave, a alguien, aunque lo hayan detenido en flagrancia, lo tratemos como inocente para evitar, porque sí puede suceder, que haya pruebas o una denuncia falsa.
“El legislador quitó delitos graves que no tendrán prisión preventiva. Si se te acusa de un delito, tú vas a tener la presunción inocencia y vas tener la oportunidad de defenderte en libertad”, con excepción de los que atenten contra la seguridad nacional, como, por ejemplo, la delincuencia organizada, la trata de personas, el secuestro, la violación y el homicidio. La Constitución estableció que en estos casos verdaderamente alarmantes para la sociedad mexicana ahí sí va a continuar la prisión preventiva oficiosa.
Ahora “no podemos hacer juicios anticipados y solamente los jueces tendrán la posibilidad de determinar o de tener la última palabra hasta que les presentes las pruebas”, señala.
