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Tras una larga discusión, en el Senado se aprobó anoche en lo general la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, uno de los dictámenes que forma parte de las tres leyes secundarias que integran dicho proyecto, pendiente desde el pasado periodo ordinario.
Se preveía el aval durante la madrugada de los otros dos ordenamientos: la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos —conocida como 3 de 3— y reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
En sesión extraordinaria convocada por la Comisión Permanente para avalar los temas pendientes del pasado periodo ordinario, los senadores del PRD y del PT expresaron su inconformidad, al señalar que la Ley 3 de 3 está “achicada” y permite espacios de discrecionalidad para que servidores públicos y particulares cometan actos de corrupción.
Ese fue uno de los temas que más debate generó entre las bancadas, luego de que el PRI-PVEM presentó un adéndum, en el cual plantea hacer públicas las declaraciones patrimoniales y de interés, salvo en los casos en que se afecte la vida privada o los datos personales de los servidores.
Empero, será el Comité Coordinador el que emitirá los formatos para presentar las tres declaraciones.
Lo anterior fue rechazado por los coordinadores del PAN, Fernando Herrera, y del PRD, Miguel Barbosa, quienes advirtieron que sus bancadas buscarán la máxima publicación de las tres declaraciones, en los mismos términos de la propuesta ciudadana.
Anoche priístas y panistas acordaron presentar una reserva al artículo 29 de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, para que las declaraciones de interés, patrimonial y fiscal sean públicas y que en la ley se especifiquen los contenidos de cada una.
El presidente de la Comisión Anticorrupción, Pablo Escudero (PVEM), dijo que el sistema tiene dos ejes fundamentales, la confianza en los ciudadanos para que ellos lo conduzcan y el fortalecimiento de las instituciones. “Nos hemos puesto de acuerdo para que los ciudadanos presidan el Comité Coordinador, el de Participación Ciudadana y la Secretaría Ejecutiva”, señaló.
Explicó que el SNA tendrá una plataforma digital, en la cual los ciudadanos podrán conocer un sistema de evolución patrimonial y de declaraciones, de intereses, otro de los servidores públicos que intervengan en contrataciones y un registro de funcionarios sancionados, así como un sistema de denuncias de faltas administrativas.
El senador Armando Ríos Piter dijo que el PRD votaría contra la Ley de Responsabilidades, puesto que queda corta, porque en el tema de las declaraciones está a voluntad de los servidores públicos el entregar esa información.
El coordinador del PT, Manuel Bartlett, comentó que votarían en contra del dictamen, porque el SNA no tiene una “auténtica separación e independencia entre los vigilantes y vigilados. Serán instancias partidocratizadas, subordinadas y poco confiables”.
En tribuna, el senador independiente Manuel Cárdenas dijo que es necesario atender medidas correctivas y preventivas, para que en tanto se vuelva necesaria la fiscalización, “actuemos en consonancia con las declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses”.
Aprueban fiscalía y reformas. Anoche, las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos aprobaron, en lo general, las reformas a la Ley Orgánica de la PGR, para la creación y actuación de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción; así como cambios al Código Penal Federal, que establece sanciones a servidores públicos y particulares que incurran en corrupción, cohecho, extorsión, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.
El dictamen prevé penas de hasta 18.5 años de cárcel a aquellos servidores públicos que se les compruebe el delito de enriquecimiento ilícito, así como la inhabilitación del cargo que, dependiendo de la gravedad del caso, puede ser de por vida.