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alberto.morales@eluniversal.com.mx
Las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron por unanimidad —en lo general— la minuta de miscelánea penal, proveniente de la Cámara de Diputados, con cambios a una decena de leyes para armonizarlas con en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio que entra en vigor el 18 de junio.
Por acuerdo de las Comisiones Unidas, se decidió que las reservas al dictamen se discutirán ante el pleno hoy en la sesión extraordinaria.
Con estos cambios se permitirá la geolocalización e intervención de celulares sin una orden judicial, sólo en casos excepcionales, como en investigaciones de secuestros, con la intención de proteger a la víctima.
Entre los cambios al Código Nacional de Procedimientos Penales se establece el derecho del imputado, que estipula el momento procesal en el que el acusado o su defensor pueden acceder a los registros de la investigación.
En el artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sobre la duración de la medida cautelar de prisión preventiva, se incrementó el plazo de uno a dos años con el objeto de armonizarlo con el periodo establecido por la Constitución.
“De aplicarse el estándar de prisión preventiva de un año, la consecuencia sería que estuviesen en libertad personas cuyos procesos aún no están determinados y, eventualmente, se pondría en riesgo el derecho a la seguridad de las víctimas de delitos y su entorno social, por respetar el derecho humano a ser juzgado sin dilaciones indebidas”, señala el artículo.
Señalaron que el párrafo segundo del artículo 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales que dice: “No se considerará dilación indebida en la puesta a disposición de los detenidos cuando por cuestiones de seguridad o atendiendo a las características del hecho investigado, se realice ante el MP [Ministerio Público] distinto al del lugar de la comisión de los hechos, siempre y cuando exista el registro inmediato de su detención”, es contradictorio a la Constitución.
El artículo 16 de la Constitución establece que “cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, ante el MP. Existirá un registro inmediato de la detención”, destacaron.
La senadora Angélica de la Peña (PRD) reconoció que la revisión de la Cámara de Diputados de la Miscelánea Penal enriquece el trabajo de los senadores; sin embargo, dijo que todavía existen algunas discrepancias.
Por ello afirmó que es necesario seguir revisando el caso del artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales para que la prisión preventiva sea de máximo un año y no dos, como plantean los diputados.
Por su parte, la senadora Dolores Padierna (PRD) dijo que los Diputados hicieron una adición al artículo 314 Código Nacional de Procedimientos Penales, que limita la posibilidad de un inculpado o su defensa para desahogar pruebas durante el plazo constitucional de 72 horas sólo tratándose de delitos que ameriten prisión preventiva
“Al hacerse este añadido se rompe con el principio de igualdad y es un claro precepto discriminatorio”, señaló la legisladora perredista.
