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El proyecto de dictamen sobre la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas se encuentra atorado en la Cámara de Diputados. Los grupos parlamentarios de oposición al PRI se niegan a quitarle la facultad constitucional a la Auditoria Superior de la Federación (ASF), para auditar de manera directa las participaciones estatales.
El documento que entregó el grupo de trabajo en materia de fiscalización a la Junta de Coordinación Política y a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, establece otorgarle autonomía a la ASF, a fin de que no quede a disposición de la Fiscalía de Anticorrupción ni de ningún órgano de gobierno y simplemente sea dependiente de la Cámara de Diputados.
Entre las solicitudes de la ASF a los diputados se encuentran las de fortalecer al órgano fiscalizador, preservar en todo momento la autonomía técnica y de gestión; tener plena alineación con las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción como la de Ley de Responsabilidades, además de contar con un dictamen que permita materializar la reforma en materia de anticorrupción.
Entre las observaciones reservadas para análisis por parte del PAN, Morena y MC, destacan: que cualquier empréstito que sea respaldado con participaciones federales pueda ser auditado por la ASF; que se pueda fiscalizar hasta 90% de los recursos; que las auditorías excepcionales no se eliminen y que los informes sean públicos para cualquier persona.
Entre las coincidencias a las que llegaron los diputados está que la ASF pueda fiscalizar las operaciones que involucren recursos públicos federales a través de contrataciones, subsidios, transferencias, donativos, fideicomisos, fondos, mandatos, asociaciones público privadas o cualquier otra figura jurídica, los gastos fiscales, el otorgamiento de garantías sobre empréstitos de estados y municipios y otras operaciones.
En entrevista, la vicecoordinadora del PAN, Cecilia Romero, destacó que es importante que se especifique que la ASF tendrá facultades para revisar los recursos federales que lleguen a las entidades, así como esclarecer las auditorías en tiempos reales, además de brindarle atribuciones al Comité de Participación Ciudadana, como parte de integrante del Sistema Nacional Anticorrupción.
“Necesitamos fortalecer las facultades de investigación de la Auditoria Superior de la Federación con respecto a los hechos de corrupción, porque si no se quedan ahí los expedientes y se quedan incompletos, lleva a que no se pueda investigar”, explicó la integrante del grupo del trabajo.
La panista dijo que si bien hay avances, hasta ahora la bancada del Revolucionario Institucional se resiste en el tema de fiscalización en tiempo real, así como en el cambio al modelo operativo que tiene la propia ASF, a la Comisión de Vigilancia de la Auditoria y a la Unidad de Control de la Cámara Baja.
“Yo tengo la convicción de que es posible sacar una ley de fiscalización en la que estén contemplados los puntos básicos y que vamos a conseguir la aprobación del grupo parlamentario del PRI. Este tema llegó para quedarse y se debe sacar”, afirmó.
