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Dentro de la propuesta de dictamen del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se crea el Sistema Nacional de Fiscalización, en el cual se buscará tener una transparente fiscalización de los recursos públicos.
Este sistema de fiscalización lo integrarían: la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública (SFP); las entidades de fiscalización superiores y locales, y las secretarías o instancias homólogas encargadas del control interno en los estados.
La ASF verá fortalecidas sus facultades porque la Ley General de Responsabilidades Administrativas le faculta —incluidas las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas— para investigar y substanciar el procedimiento por las faltas administrativas graves que se detecten derivado de auditorías.
“En caso de que la auditoría superior y las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas detecten posibles faltas administrativas no graves darán cuenta de ello a los órganos internos de control, según corresponda, para que continúen la investigación respectiva y promuevan las acciones que procedan.
“En los casos en que, derivado de sus investigaciones, acontezca la presunta comisión de delitos, presentarán las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público competente”, señala el artículo 11 de la ley.
Si derivado de sus investigaciones determina la existencia de una probable responsabilidad administrativa o penal, podría promover las acciones procedentes ante cualquier autoridad competente que imponga sanciones.
Servirá como una especie de coadyuvante para los casos graves y podrá presentarlos ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Las auditorías se llevarán a cabo en tiempo real.
