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El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano (PRD), afirmó que el periodo extraordinario debe realizarse antes del 5 de junio, toda vez que ya está procesado el dictamen sobre el desafuero de la diputada de Sinaloa, Lucero Sánchez, a quien se le vincula con Joaquín El Chapo Guzmán Loera.
“Deberíamos hacerlo [el extraordinario] lo más pronto posible, quizá la semana próxima. Considerando que queda una semana para atender las leyes del Sistema Nacional de Anticorrupción, tenemos un plazo fatal, no más allá del 28 de mayo. Deberíamos trabajar para no pasar por la norma constitucional; es mi opinión, pero no voy a forzar las cosas. Además ya se cuenta con el dictamen del desafuero de la diputada de Sinaloa”, agregó.
Dijo que notificó al presidente de la Comisión Permanente, el senador Roberto Gil (PAN), que ya contaba con el dictamen de la Sección Instructora, para que en cuanto haya un acuerdo se cite a un periodo extraordinario.
Por su parte, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, afirmó que la propuesta de postergar el periodo extraordinario hasta después del 5 de junio, “no se apega a derecho”.
Añadió que el proceso de desafuero contra la legisladora Sánchez López tiene términos precisos establecidos en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (LFRSP), sobre los que se pretenden imponer valoraciones políticas, “sobre todo del PRI que no quiere descuidar el trabajo electoral que realizan sus representantes populares”, indicó.
Esto después de que el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Baja, César Camacho (PRI), afirmó que el periodo extraordinario para atender el desafuero y los temas pendientes sería después del 5 de junio.
Martínez Neri dijo que el procedimiento legal señala que una vez entregado el dictamen por la Sección Instructora a la Mesa Directiva, el presidente de la Cámara debe erigir un Jurado de Procedencia, un día después de que se depositó el dictamen, haciéndolo saber a la inculpada, a su defensor, y al Ministerio Público, de acuerdo con el artículo 26 de la LFRSP.
Agregó que la ley es clara cuando dice que “en ningún caso podrá dispensarse un trámite de los establecidos en el procedimiento, lo que implica que los argumentos legales son poco valiosos para el PRI, pues antepone sus intereses al cumplimiento de la ley”.
El líder parlamentario detalló que la ley indica que la Cámara debe reunirse y resolver la imputación, dentro de los tres días naturales siguientes a la entrega del dictamen, lo cual debería suceder antes del 5 de junio.
“El término a que se refiere el párrafo anterior ya se cumplió, la única posposición que podría aceptarse sería esperar a que la Comisión Permanente acuerde hacer la convocatoria al período extraordinario”, añadió.
Aseguró que su grupo parlamentario solicitará, mediante un punto de acuerdo en la sesión de la Comisión Permanente, la realización de un período de sesiones extraordinarias para desahogar el dictamen de la Sección Instructora, sobre el desafuero de Sánchez López.
El pasado jueves 11, la Sección Instructora entregó a la Mesa Directiva el dictamen sobre el desafuero de la diputada de Sinaloa, vinculada con Joaquín Guzmán Loera, documento que fue avalado por unanimidad.
