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La Comisión Permanente del Congreso de la Unión analiza una propuesta para exhortar a las secretarías de Educación Pública (SEP) y del Trabajo y Previsión Social (STPS), a que supervisen la apertura de los centros educativos temporales en campos agrícolas que contraten a jornaleros.
La moción fue presentada ante la Comisión Permanente por los diputados Nora Liliana Oropeza Olguín y Édgar Romo García (PRI), quienes destacan que la mayoría de trabajadores del agro provienen de otras regiones y, en muchos casos, tienen que desplazarse en compañía de sus familias, entre ellos, niños.
El planteamiento solicita a las dependencias garantizar una planta docente suficiente y especializada para menores en esta situación, así como expedir la constancia de estudio correspondiente y vigilar que propietarios de campos agrícolas faciliten el espacio necesario para actividades de enseñanza.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), cada año alrededor de 300 mil niños mexicanos abandonan sus comunidades para emigrar con sus familias a otras entidades. Del total, menos de 10% asiste a la escuela, estima la SEP.
Oropeza Olguín y Romo García destacan que durante los últimos años, muchos campesinos se desplazaron de todas las partes del país para incorporarse a actividades agrícolas, de pesca o construcción, principalmente al centro, occidente y norte de México.
A esta dinámica, en la mayoría de los casos, se sumaron sus familias sin ninguna expectativa. En gran medida, advierten los diputados, el fenómeno generó condiciones de vulnerabilidad ante flagelos como la explotación, trata de personas, hostilidad y la marginación.
En sentido estricto, acotan, la necesidad hace que los migrantes internos posterguen la enseñanza de sus hijos, quienes corren el riesgo de quedar olvidados entre los pobres, sin calificación y sin educación.
Oropeza Olguín y Romo García subrayan que en México, por ley, no hay cabida a la injusticia, ni a la discriminación. “Basta de ambigüedades hacia su educación. La enseñanza debe ser efectiva, porque la población que migra debe gozar de los mismos derechos que los otros niños, como lo consagran los tratados internacionales”, concluyen los legisladores.
