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Las principales fuerzas políticas del Senado iniciaron propuestas de reforma mediante las cuales el PRI plantea introducir instrumentos legales para favorecer la atención y la enfermedad crónica de la adicción a la marihuana, y el PAN establece un mecanismo para regular el consumo lúdico del estupefaciente.
La senadora Cristina Díaz Salazar (PRI) presentó un proyecto de reforma que eliminaría el término “farmacodependiente” en la Ley General de Salud, y con ello, evitar tratos que criminalizan a los adictos en el proceso de atención médica.
Díaz Salazar dijo que la legislación vigente de salud utiliza el termino farmacodependiente, en referencia a personas que tienen un “consumo problemático”, expresión que reemplazaría a la primera, la cual “resulta discriminatoria, estigmatizante y que criminaliza al usuario”.
La priísta dijo al presentar el proyecto de reforma a la Ley General de Salud, que “resulta importante determinar que la adicción a sustancias [estupefacientes, sicotrópicos y fármacos], no es delito, es una enfermedad crónica y el Estado debe buscar, a través de información clara y precisa y de políticas públicas eficaces, prevenir el consumo o, en su caso, brindar los tratamientos necesarios para la rehabilitación de la persona”.
Remarcó que frente al fenómeno del consumo de drogas, la prevención es la mejor estrategia en la formación de niñas, niños y adolescentes, así como evitar intentar el consumo excesivo, frecuente, compulsivo y prolongado de la yerba, planteó.
Expuso que resulta necesario “revisar las medidas del sector salud para el tratamiento de personas con uso problemático de sustancias”, y se requiere reducir los daños causados por el consumo en las personas.
El senador panista, Roberto Gil Zuarth, anunció que el próximo jueves presentará una iniciativa de legis- lación en materia de marihuana que comprende normas para su uso medicinal, su investigación científica, así como el consumo lúdico, con una regulación del mercado que sería monopolizado por el Estado.
Propone la creación de un instituto que sea regulador del mercado, desde la producción, hasta la venta o suministro; habría una entidad paraestatal que se encargue de comprar toda la producción de los campesinos y será el proveedor único para los distintos usos permitidos por la ley.
Se mantiene en el proyecto la sanción penal para la producción, transporte o comercio en la modalidad de delincuencia organizada.
En conferencia, Gil Zuarth, acompañado de otros senadores del PAN, dijo que su “proyecto propone una regulación integral que comprenda un modelo de control para uso personal, terapéutico, médico y científico”.
Se plantea reducir el mercado negro. Habrían asociaciones de producción, proveedoras a sus socios de una cantidad al mes, con estándares de información, condiciones de calidad y obligaciones de detección de consumo problemático.
