politica@eluniversal.com.mx
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) garantizó mantener una “conducta irreprochable” durante la época electoral, a fin de garantizar que los recursos de la dependencia federal no sean utilizados con fines electorales.
La titular de Sedatu, Rosario Robles Berlanga, firmó el acuerdo por el que se emiten los criterios y mecanismos de supervisión de recursos en época electoral en la dependencia, que tiene por objetivo cumplir con los principios de transparencia, imparcialidad, rendición de cuentas y combate a la corrupción durante los comicios que se celebrarán en 14 estados del país.
El pasado jueves 31 de marzo se llevó a cabo la Primera Sesión del Comité Preventivo Central, en la que se aprobó el Acuerdo de la Estrategia de Protección de Recursos en Época Electoral (EPREE) de la Sedatu, que consiste en diversas acciones preventivas en 14 entidades con proceso electoral, y que deberán ser implementadas por la dependencia y sus entidades sectorizadas.
De igual forma, se presentó el Manual EPREE 2016, documento de consulta básica dirigido a todo el personal, el cual da a conocer los derechos y obligaciones de las y los servidores públicos en la materia, así como las acciones que considera la estrategia.
El Comité Preventivo Central está integrado por los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos, María Evangélica Villalpando; de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional, José A. Orozco Martínez; de la Dirección General de Coordinación de Delegaciones, Marcos Salvador Ibarra; así como los abogados adscritos al área jurídica de la institución, Leodegario Reyes, Oscar Ernie Orozco, e Isaac San Román de la Torre como secretario técnico.
Este fin de semana iniciaron las campañas en 14 estados del país para elegir el 5 de junio a mil 304 cargos, entre ellos 12 gubernaturas.
Convenio con el Inegi. La Sedatu suscribió un acuerdo con el Inegi mediante el cual brindará apoyo técnico y tecnológico para la instrumentación de indicadores de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que permitan a los tomadores de decisiones, en este caso en materia de política urbana y territorial, atender las necesidades de las zonas metropolitanas del país.