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La diputada local de Sinaloa, Lucero Sánchez López, vinculada a Joaquín El Chapo Guzmán Loera, asegura en su comparecencia por escrito que entregó a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, que la solicitud de desafuero en su contra por parte de la PGR es un espectáculo derivado del proceso electoral del 5 de junio.
“Estoy siendo expuesta a un espectáculo derivado de las elecciones que se encuentran en proceso, resultando inadmisible en un sistema democrático de derechos y libertades, pues nadie que haya visto la televisión y los periódicos puede negar lo denigrante que se han conducido hacia mi persona, sirviendo de espectáculo para miles y miles de ciudadanos que se han percatado de las acusaciones dirigidas desde la PGR, partidos políticos, conductores de radio y televisión, con una violación al derecho fundamental a la presunción de inocencia”, externó la legisladora en el documento.
De acuerdo con el texto entregado el pasado 25 de marzo a la Sección Instructora, al cual EL UNIVERSAL tuvo acceso, Sánchez López solicitó al órgano legislativo atender todas las solicitudes de procedencia que hayan realizado ante la Cámara de Diputadas, previas a la que la PGR ha pedido en su contra, a fin de que se proceda conforme a la ley y no por el momento político que se vive en el país.
“Si ante la propia Cámara de Diputados están registradas diversas solicitudes de juicio de procedencia deberá darse prioridad a las que en primer término hayan sido presentadas ante este órgano legislativo, y no por encontrarse en un momento político la solicitud que la procuradora General de la República [Arely Gómez] hace en mi contra, se le dé prioridad extraordinaria, que en derecho no debe ocurrir”, expresa la legisladora local.
Similitud con Cassez. En el escrito, Lucero Sánchez afirma que el procedimiento jurídico en su contra es muy similar al de Florence Cassez Crepin, a quien de acuerdo con la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en 2012 se le violó el debido proceso y se vulneró su derecho de la presunción de inocencia.
Ambas, argumenta, fueron expuestas al escarnio público, pero sobre todo se les vinculó como integrantes de una organización criminal y en forma directa con personas de la misma índole: Joaquín El Chapo Guzmán.
“Nuestro más alto tribunal se ha pronunciado al respecto en el caso de Florance Cassez, en el amparo directo en revisión 517/2011, debido a que se ha hecho escarnio público de la suscrita y como es público y notorio ha salido en los medios televisivos e impresos, sentenciándome de antemano como integrante de una organización criminal.
“Lo que ha creado una imagen negativa a mi persona y generado la culpabilidad anticipada sin darme la oportunidad de una defensa adecuada, pues como lo dije, se ha publicitado mi imagen por filtraciones de la propia Procuraduría”, apunta.
Por lo anterior, la legisladora por el municipio de Cosalá pide a la Sección Instructora que en la búsqueda de la verdad no se puede producir un “efecto corruptor”, pues de acuerdo con el expediente enviado por la PGR para iniciar el desafuero en su contra, es visible un procedimiento “viciado e inducido”, pues la información proporcionada por la dependencia federal deberá ser cuestionada jurídicamente, tomando de base la resolución al amparo directo interpuesto por Cassez Crepin.
Vehículo en investigación. Sánchez López señala en su defensa que el vehículo Jetta al que hace referencia la PGR en la investigación, ubicado en una casa incautada a Guzmán Loera, el 27 de febrero de 2014, y en el cual se encontraban documentos de su propiedad, como su licencia de conducir y papeles que la acreditan como legisladora, le fue robado días antes del cateo a la propiedad del capo. Detalla que tiene en su poder copias certificadas de la denuncia de robo, en las que se desprende que el automóvil es propiedad de Jesús Daniel Beltrán Durán, modelo 2002, con placas de circulación VRF 2990 de Sinaloa, mismas que entregó el pasado 2 de febrero, cuando fue presentada ante la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada, y que no se incluye en el expediente que la PGR entregó a la Cámara Baja.
“En forma dolosa y con parcialidad se viene actuando en mi contra por parte de la fiscalía, al no integrar en el expediente girado a esta Sección Instructora dicha declaración ministerial”, indica.
En este sentido, solicitó al órgano legislativo pedir a la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa una copia de la denuncia de robo de un Volkswagen tipo Jetta, con número de serie 3VWSK69M82M144144. En la comparecencia, Sánchez López también solicita que la PGR entregue los videos en los que se asegura que presuntamente es la persona quien acude a una audiencia con el líder del Cártel de Sinaloa, el 4 de septiembre de 2014, así como las copias en original de la credencial de elector a nombre de Devany Vianey Villatorio Pérez, las imágenes de un disco compacto en el que hay fotografías de la legisladora; material que sirvió para hacer los exámenes morfológicos, de antropometría, espectrometría, entre otros.
También requirió que la Sección Instructora solicite a la PGR y al INE que se analice la imagen de la credencial de elector a nombre de Villatorio Pérez, a fin de determinar si es falsa o no, pues según lo dicho por el instituto, existe un registro con el mismo número de folio (00000618226349), pero con nombre distinto.
