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El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, confirmó que será antes del 15 de mayo cuando la Sección Instructora emita su dictamen sobre el proceso de desafuero que enfrenta la diputada de Sinaloa Lucero Sánchez, a quien se le vincula con Joaquín El Chapo Guzmán Loera.
Detalló que de darse el resolutivo en sentido positivo se convocaría a un periodo extraordinario de sesiones en el mes de mayo, “porque ahí los plazos son imprescriptibles, no se puede jugar con ellos”.
Zambrano Grijalva asentó que el periodo de pruebas ha concluido, por lo que la Mesa Directiva de la Cámara estará a la espera de la solicitud de un extraordinario para el desafuero.
El pasado miércoles el presidente de la Sección Instructora, Ricardo Ramírez Nieto (PRI), apuntó que después del 9 de mayo el órgano legislativo deberá estar listo para emitir la opinión correspondiente respecto al desafuero de Lucero Sánchez López.
“A partir del 9 de mayo, dentro de los tres o cuatro días siguientes estaremos entregando el dictamen a la Secretaría de la Mesa Directiva de la Cámara. Lo que es un hecho es que vamos a un periodo extraordinario para resolver el tema del desafuero”, sostuvo.
Ramírez Nieto dijo que ante la falta del video en el que presuntamente se puede verificar que la legisladora local ingresó al penal de máxima seguridad, o de la credencial de elector bajo el nombre de Devany Vianey Villatoro Pérez, los peritajes se realizaron en materia fisionómica, para determinar si la imagen de la fotografía de la persona que ingresa al Altiplano es similar a su licencia de manejo.
“Se hizo un comparativo entre la fotografía que aparece en la credencial para votar [a nombre de Devany] con la que ella [Lucero Sánchez] utiliza como licencia de manejo, y que le fue expedida por el gobierno de Sinaloa”, refirió.
La diputada sinaloense está en proceso de desafuero por usar supuestamente una credencial de identificación falsa al acudir a una diligencia en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, a visitar a Guzmán Loera, en 2014. De acuerdo al expediente que entregó la Procuraduría General de la República (PGR), Lucero Sánchez, fue señalada como operadora económica del líder del Cártel de Sinaloa. En su defensa, Sánchez López acusó a la dependencia de usar el caso como estrategia electoral y política.
