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natalia.gomez@eluniversal.com.mx
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) concluye hoy su trabajo en México. Fue un año y un mes de labores, lapso en el que hubo momentos clave para la investigación de los 43 normalistas, víctimas de desaparición forzada.
El 18 de noviembre de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) oficializó el acuerdo de asistencia técnica con el Estado mexicano y los representantes de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, mediante el cual se designaría a un grupo interdisciplinario para la búsqueda de los normalistas.
En el trabajo previo a la llegada de los especialistas, el procurador Jesús Murillo Karam informó que existían indicios de que restos localizados en el río San Juan eran de los 43 normalistas; para confirmarlo serían enviados al laboratorio del Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Inns-bruck, Austria. El 6 de diciembre Innsbruck informó que uno de los fragmentos encontrados en el río de San Juan, en Cocula, correspondía a Alexander Mora Venancio, de 19 años.
Con la asignación de un millón de dólares, pagados por el gobierno federal, el 1 de marzo de 2015 arriban a México Carlos Martín Beristain, Ángela Buitrago, Francisco Cox Vial, Claudia Paz y Paz y Alejandro Valencia Villa. Para su segundo mandato, prorrogado en octubre del año pasado, se le otorgarían 250 mil dólares más.
El 6 de septiembre de 2015 cuestionaron “la verdad histórica” dicha por el ex procurador Jesús Murillo Karam en enero del mismo año, al señalar que los normalistas no fueron quemados en el basurero de Cocula.
El Equipo Argentino de Antropología Forense había puesto en duda la versión del funcionario días después de que se dio a conocer.
Ante la versión contradictoria del GIEI y la PGR, el gobierno federal propone un nuevo pertitaje con especialistas en fuego. En noviembre el GIEI pide entrevistar a 26 militares que consideraron clave para el esclarecimiento del caso. Nunca tuvieron el acceso.
En febrero de 2016, los forenses argentinos evidencian severas irregularidades en los procedimientos de la PGR en la investigación y señalaron que no había evidencia de que 43 cuerpos hubieran sido incinerados.
El 28 de febrero inicia el tercer peritaje en la misma zona donde se ubica el río San Juan con los especialistas en fuego. El primero había sido realizado por la PGR y el segundo por el GIEI con resultados contradictorios.
El 1 de abril, un portavoz de los expertos en fuego anunció, en una conferencia convocada por la PGR, que había evidencia suficiente de que en el basurero hubo un incendio de grandes dimensiones y de que “al menos 17 seres humanos adultos”, fueron quemados allí.
El GIEI anunció la ruptura de su trabajo con la Procuraduría y que “no seguirá colaborando en este caso con un proceso que no se ajusta a los acuerdos tomados, a los estándares internacionales y que solo contribuirá a la confusión y el descrédito”.
Los especialistas en Innsbruk entregaron el 8 de abril los resultados de las pruebas realizadas a 53 restos y señalaron que no fue posible obtener identificación de los perfiles genéticos en la totalidad muestras. Desde finales de marzo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, había anunciado que no se daría prórroga a la estancia del GIEI, que debía concluir su mandato el 30 de abril.
