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El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con cambios la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que regresó al Senado para su revisión y aprobación de los artículos modificados.
Con 383 votos a favor, 32 abstenciones y el voto en contra del diputado independiente Manuel Clouthier, las leyes secundarias en materia de transparencia fueron aprobadas en lo general; mientras que en lo particular, quedaron avaladas por 396 votos a favor, 34 abstenciones y cero en contra.
Tras dos horas de receso, los legisladores avalaron el primer ordenamiento que forma parte del Sistema Nacional de Transparencia y que da pie al andamiaje jurídico para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción.
Al inicio del debate, el presidente de la Comisión de Transparencia, Rogerio Castro (Morena), dio a conocer una propuesta de adenda firmada por el órgano legislativo y por los coordinadores parlamentarios, para que en el transitorio cuarto se incluya una modificación, la cual señala que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) tendrá seis meses para aprobar los lineamientos correspondientes.
“Para el cumplimiento de las nuevas obligaciones, el Inai deberá aprobar en un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto, los correspondientes lineamientos que regularán la forma, términos y plazos en el que los sujetos obligados del ámbito federal deberán cumplirlas.
“Los procedimientos de verificación de las obligaciones de transparencia y denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia previstas respectivamente en los capítulos tercero y cuarto del título tercero de la presente ley”, señala en el documento.
También indica que las obligaciones de transparencia específicas prescritas en la presente ley se incorporarán en la Plataforma Nacional de Transparencia en el ámbito de los sujetos obligados federales en el mismo plazo referido en el texto.
“Las nuevas obligaciones establecidas en los capítulos uno y dos del título tercero de esta ley serán aplicables para los sujetos obligados, sólo respecto a la información que se genere a partir de la entrada en vigor del presente decreto”, apunta el documento.
Los sujetos obligados son: cualquier autoridad, entidad, órgano, organismo, partido político, fideicomiso y fondo público, así como cualquier persona física, moral o sindicato, grupo parlamentario y órgano de gobierno del Congreso de la Unión, que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad.
Rechazan 3 de 3. Los diputados rechazaron a propuesta de Movimiento Ciudadano, incluir en la Ley Federal de Transparencia la obligatoriedad de los funcionarios a hacer públicas sus declaraciones 3 de 3, que plantea que hagan públicas su declaración patrimonial, fiscal y de interés. Las 31 reservas presentadas por el PRD, PAN, Movimiento Ciudadano (MC) y Morena modificaron los artículos 23, 28, 52, 55, 70, 174 y 202 de dicha ley.
Los cambios fueron para eliminar un párrafo del artículo 23, en el que se establecía que los cargos en el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información serán de confianza, con ello los trabajadores de este organismo podrán conservar sus derechos laborales y pertenecer al apartado B de los trabajadores del Estado.
Se agregó que “los trabajadores de confianza del instituto quedarán sujetos al régimen establecido en la fracción 14 del apartado B del artículo 123 de la Constitución”.
Durante la discusión del artículo 23, los legisladores reclamaron al diputado Mario Ariel Juárez (Morena) haberlos señalado de “pillos mafiosos que acuerdan en lo oscurito”, pero sobre todo, por versar la frase popular: “Está bien que chinguen, pero a su madre la respetan”, lo que provocó gritos de “¡fuera, fuera, fuera!”.
Otra de las modificaciones fue reducir de 18 a 12 meses el plazo que tendrán los sujetos obligados para que adecuen su normatividad interna con relación a esta legislación.
De igual forma, se aprobó que la medida para fijar multas sea por Unidad de Medida Actualizada (UMA), y no por salario mínimo; asimismo, se cambió el término Distrito Federal por Ciudad de México.
