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El Instituto Nacional Electoral (INE) cumplirá este lunes sus primeros dos años de vida con un segundo aire: corrigió la ruta que siguió en las elecciones de 2015 y “enderezó el timón” para ahora tener más presencia, supervisión e influencia en la toma de decisiones para la organización de los comicios en 14 entidades en disputa este año, pues su mira ya está en 2018.
El organismo será una autoridad nacional con mayor presencia que en 2015, tras reconocer errores, asimilar aprendizajes y corregir el rumbo, porque estas 14 elecciones marcarán el camino de lo que será 2018 y el instituto se prepara para ese proceso federal y presidencial, reconoce en entrevista el consejero presidente del instituto, Lorenzo Córdova Vianello.
Hoy la preocupación está centrada en 2016, pero afirma que es tarea obligada pensar en la robustez y el grado de confianza que tiene la institución rumbo a 2018.
Este año se disputarán más de mil 700 cargos de representación popular y Córdova reconoce que el INE estará sometido a presiones particulares, pues nunca como hoy se habían renovado 12 gubernaturas simultáneamente, lo que “evidentemente genera tensiones y presiones de quienes están enfrascados en definir sus propias candidaturas” a 2018.
¿Cuál es el balance de los dos años del INE y de las tareas por venir con las elecciones 2016, en las que ejercerá más atribuciones?
—Es un balance bueno si se piensa que la reforma es practicable y pese a su complejidad pudo instrumentarse.
Las elecciones de 2015 fueron exitosas, pese a que se dieron en un contexto de enorme complejidad. La organización del proceso enfrentó riesgos, afortunadamente se exorcizó la posibilidad de que se cancelaran elecciones por primera vez en la democracia política del país. Se logró un orden democrático que hoy permite elecciones en Oaxaca, donde en 2015 se amagó con boicot, en un contexto radicalmente distinto.
El INE ha cumplido. Si uno ve el bosque y no los detalles coyunturales, hizo viable la reforma y ha realizado elecciones sin ninguna objeción en cuanto a su calidad técnica, ha venido cumpliendo a suficiencia y con pertinencia muchas de sus nuevas atribuciones.
Además, pasó momentos muy complicados y de difícil entendimiento entre los 11 consejeros, momentos de ataques a la institución electoral, y que en el mes previo a la elección encontraron sus expresiones más agresivas [con el espionaje telefónico que vivió en carne propia] que provocaron venturosamente que entendiéramos que era indispensable generar mecanismos de gobernabilidad interna y de cohesión institucional. Hemos tenido momentos de mucha tensión, pero hoy hay una madurez del colectivo.
Estos años nos han servido también para ir corrigiendo la ruta en algunas decisiones. Identificamos casos de éxito, pero también áreas de oportunidad, y lo que ha ocurrido en el ámbito local es prueba de cómo el aprendizaje institucional nos está permitiendo corregir las rutas y las decisiones.
Como autoridad nacional, nombramos consejeros de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPL) e interpretamos, con relación a las elecciones locales, que su autonomía era que fueran los responsables exclusivos de las facultades que les confiere la Constitución y que el INE era responsable solamente de la capacitación, selección de funcionarios de casillas, la ubicación de casillas, lo que se mandata expresamente, y si acaso afinar los puntos de intersección.
Nos dimos cuenta de que esto no era suficiente y podría abrir la puerta a que ocurrieran hechos tan condenables como lo que pasó en la elección de Chiapas en 2015, donde se alteró y se manipuló la voluntad ciudadana, que llevó a algunos ciudadanos a no poder votar y, peor aún, a que alguien más votara por ellos.
Esto propició una corrección en la ruta y por eso hemos emitido lineamientos y ejercido la facultad de atracción para fijar criterios a los OPL.
Es decir, tener una presencia mucho más importante en el ámbito local para blindar a los OPL de injerencias y presiones políticas. También para crearles un contexto de exigencia más estrecho, ejercer una supervisión del trabajo y de su desempeño para elevar la calidad de los procesos locales.
Hemos tenido espacio para ensayar esta nueva presencia del INE en el ámbito local, con las elecciones extraordinarias de Tixtla, Distrito 1 de Aguascalientes, Centro, Tabasco, Chiautla, Estado de México, que tuvieron ahora una calidad reconocida por consenso de todos los actores políticos.
Eso es producto de esta nueva actitud del INE, de estar más presente en el ámbito local, pero es parte del proceso de aprendizaje que nos ha llevado a enderezar el timón.
Si la decisión de mayor intervención del INE es producto de reconocer las fallas detectadas en los OPL, y no se estandarizó la calidad de las elecciones, ¿entonces hay un fracaso de la reforma electoral?
—No creo que sea así. Fracaso habría sido si hubiéramos continuado la misma ruta y no hubiéramos corregido.
En 2015, por primera vez se puso a prueba el modelo de manera exitosa y nos permitió identificar temas de mejora o correcciones.
No es que haya sido un fracaso la instrumentación; al contrario, precisamente el que hayamos detectado espacios de mejora y se hayan corregido oportunamente es lo que nos permite seguir la historia institucional, que después de 2015 siguió con los procesos electorales extraordinarios. Las elecciones de 2016 son otra frase de esa narrativa institucional.
Hoy estamos mucho más fuertes en término de las reglas y capacidades institucionales y procedimientos que hemos afinando a partir de la lógica de prueba y error. Se prueba el sistema electoral y nos permite identificar qué funciona y qué hay que preservar, mejorar o corregir. Va a ser el momento de prueba de todo el sistema electoral derivado de 2014.
Eso si no hay otra reforma. ¿Pedirían al legislador que dejara que se asentara la de 2014?
—Creo que hoy podemos decir con todas las letras que con las normas actuales es posible organizar sin problemas las elecciones de 2018.
¿Hay necesidad de una reforma para enfrentar las elecciones de 2018? La posición del INE es que no es necesaria, ni indispensable; hay áreas de mejora, por supuesto.
En 2018 será la elección más grande y más compleja de la historia democrática del país, en la que habrá 29 elecciones locales y sólo tres estados no tendrán elección. Estará en disputa el número de cargos más alto de la historia, más de 3 mil 600, calculamos más de 154 mil casillas y que se requerirán más de un millón 80 mil ciudadanos como funcionarios de casilla.
Sólo esas cifras denotan que será la elección más complicada de la historia y además no se han exorcizado riesgos, menos con el atractivo político de una elección presidencial. Si a eso sumamos algo que desde ahora se avizora, una competencia reñida, con partidos competitivos, el INE se equivocaría si no se traza como una hoja de ruta, digamos, el periodo desde su origen y de cara a 2018. Es decir, desde 2014 y hasta 2018 tenemos que ir robusteciendo el sistema electoral.
Conflictividad
Hay actores que ya están en disputa, unos para 2018, otros para elecciones locales. ¿Cómo enfrentarán polémicas como la de Andrés Manuel López Obrador, el PVEM, Ricardo Anaya, los spots? ¿Este escenario de conflictividad podrá sortearlo el INE?
—Para el INE prepararse de cara a 2018 comenzó desde 2014 y corre ajeno a los tiempos de la política. El INE es el responsable de que la organización de las elecciones ocurra acorde a la ley. La contienda política transcurre aparte y tiene sus tiempos. Que nosotros estemos pensando ya en cómo vamos a llegar a 2018, con qué robustez y grado de confianza vamos a llegar a 2018 es una tarea obligada. Sería una irresponsabilidad que dijéramos ‘ya veremos en 2017 cómo le hacemos para enfrentar las elecciones de 2018’. Pero eso le toca a la autoridad electoral.
Los tiempos de la política son otros, y al INE lo que le importa es, digamos, que la contienda desde el momento de arranque de las precampañas, a fines de 2017, principios de 2018, transcurra conforme a la ley.
Así que el INE no debe, ni va a especular respecto a si ya comenzaron los juegos dentro de los partidos para 2018 y definir si hay candidaturas o no, es un asunto que toca a los partidos. El INE se equivocaría si entrara en ese juego. Lo que le toca al INE es, eso sí, ejercer sus funciones y procesar las quejas que se le van presentando por eventuales irregularidades, sin estar especulando al resolverlas si esto tiene o no alguna vinculación con la contienda de 2018. Pero tampoco puede el INE saltarse los puntos y seguido que tiene que recorrer para llegar a 2018, así que la preocupación hoy está centrada en las elecciones de 2016, como parte de una ruta que en unos años derivará en la prueba definitiva del sistema electoral mexicano hasta el momento que son las elecciones de 2018.
Lo que vemos es una intensidad política cada vez más creciente. En 2016 vamos a tener una cantidad de renovación de gobernadores que no había ocurrido antes, esto evidentemente genera tensiones y presiones de los actores que están enfrascados en definir sus propias candidaturas, y en breve comenzará la etapa donde se demanda la intervención de la autoridad, que son las campañas electorales.
Parte de las campañas electorales hoy se definen vía quejas, denuncias, impugnaciones. Eso traerá un desgaste de la autoridad electoral, es inevitable que haya quien quede insatisfecho con el resultado y que esté tentado a achacar a la autoridad electoral buena parte de la responsabilidad de cómo avanza un proceso.
¿En el INE están listos para recibir esas descalificaciones?
—No es que aspire a la descalificación, pero creo que forma parte, para bien y para mal, de cómo hemos venido construyendo las contiendas electorales.
Aspiraría, como decía Felipe González [ex presidente de España], a que eso que es una condición de la democracia, que es la aceptabilidad de la derrota, fuera uno de los ejes de conducta de los actores políticos, pero no soy quién para juzgar ni pretendo tener la autoridad moral para plantear el punto.
Evidentemente, de la conducta de los actores depende la construcción o no de la confianza en torno al sistema electoral. Yo apelaría a la responsabilidad de los actores políticos porque de la credibilidad del sistema electoral en su conjunto depende la robustez que tengamos para enfrentar la prueba de 2018, que será de enorme complejidad. Aspiraría a que privara la objetividad en el juicio de los partidos.
¿Preocupa?
—Preocupan las descalificaciones porque minan la credibilidad de la autoridad electoral, con independencia de si sus decisiones son correctas o no, pero hay que tener una dosis de realismo y asumir que las descalificaciones forman parte del paisaje ordinario de un proceso.
Hoy no se ve en el horizonte boicot electoral, pero está la amenaza latente de violencia de la delincuencia contra candidatos. ¿Qué prevenciones podrían hacer?
—La participación electoral creció pese al descontento con la democracia, sus resultados y las instituciones de la democracia. Aunque fracasó la amenaza de impedir elecciones en 2015, porque se logró construir un orden democrático gracias a la actuación de las autoridades electorales, a la participación de los ciudadanos, siempre existe un riesgo de que vuelvan a repetirse esas amenazas de 2015. El tema de la inseguridad no está resuelto, nos impone prevenciones en muchas regiones del país, porque la actuación de la autoridad tiene una única frontera: la garantía de seguridad física de los ciudadanos que son funcionarios de casilla y los que van a votar. Por eso hay que actuar y blindar para preservar ese orden democrático.