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julian.sanchez@eluniversal.com.mx
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) no suspenderá ni retrasará programas destinados a 17 millones de beneficiarios que residen en los estados en los que habrá elecciones el próximo 5 de junio, afirma en entrevista con EL UNIVERSAL el titular de esa dependencia, José Antonio Meade Kuribreña, quien destaca que se ha establecido una estrategia de blindaje para evitar alguna ilegalidad en esos procesos.
Advirtió que se aplicará la ley al funcionario al que se le compruebe alguna irregularidad, como manipulación, desvío o coacción del voto. Paralelamente, en lo que corresponde al ámbito judicial, desde esa secretaría se promoverán sanciones que pueden ir desde una amonestación hasta la inhabilitación para ejercer el cargo.
Con la finalidad de realizar sus acciones con cuidado y pulcritud durante los procesos electorales de este año en 14 estados, en 12 de los cuales se renovarán las gubernaturas, José Antonio Meade Kuribreña explicó que la secretaría a su cargo creó comités de blindaje electoral en cuya instalación coadyuvan, entre otras instancias, la Procuraduría General de la República (PGR), la Fepade y la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Estos comités de blindaje están conformados por funcionarios y 550 mil contralores sociales, que son los propios beneficiarios, quienes participaron en una etapa de capacitación en la que se les instruyó desde saber que el recibir un apoyo a través de los programas no implica algún condicionamiento hasta cómo denunciar alguna irregularidad. A los funcionarios se les dieron indicaciones sobre sus obligaciones y responsabilidades en los procesos electorales.
¿Se van a suspender los programas durante las elecciones?
—No se van a suspender los que tienen padrón ni los que tienen calendario. No tendría sentido, por ejemplo, que no realizáramos el pago de la pensión a los adultos mayores, pues para ocho de cada 10 de éstos esa es su única fuente de ingresos.
Esto es un pago de pensión a un padrón auditable, un padrón transparente. No tendría sentido de la misma manera que suspendiéramos el programa Prospera a las familias, porque ese programa implica la atención necesaria para la asistencia de los niños a la escuela, sus servicios de salud y atención en su clínica.
Hay un elemento interesante, que conforme al calendario ordinario el último paso de Prospera habrá de darse el 22 de abril y no habrá nuevos pagos sino hasta después del ciclo electoral.
Insisto, esto conforme al calendario ordinario de Prospera.
¿Habrá retraso en la entrega de los apoyos?
—No, no habrá ningún retraso en la entrega de apoyos, excepto en el caso de programas como el de 3x1 o el de Opciones Productivas, en donde hicimos la entrega del proyecto específico o la haremos después de junio, pero eso no implicará, en ningún caso, un retraso, porque justamente son programas que no están sujetos a calendario.
¿En qué consiste ese blindaje que se creó?
—Eso implicó que trabajamos en cuatro vertientes: una primera con los beneficiarios para que supieran, les reiteraran que los programas no enfrentarían condicionamiento alguno para su acceso.
Nadie puede condicionarle a un beneficiario el acceso a un programa por su comportamiento, de cualquier índole, en materia política.
En segundo lugar, trabajamos al amparo de ese Comité, justamente, en un esfuerzo de capacitación con los funcionarios para que supieran cuáles son sus obligaciones y responsabilidades frente a este proceso electoral.
Trabajamos también con los contralores sociales. Hay 550 mil en el país. Son beneficiarios escogidos por los propios beneficiarios, que fungen como un espacio de diálogo entre la Secretaría y el beneficiario del Programa, pero que fungen también como un espacio al amparo del cual pueden presentar, en su caso, denuncias o quejas.
Y finalmente se preservan, en este afán de cuidar los ingresos de los más necesitados, los programas con padrón y con calendario. Y se evita la entrega de aquellos programas que no tengan padrón o calendario.
¿Cuánto costará este blindaje?
—No tendrá costo adicional, porque los contralores sociales se despliegan y hacen su labor de manera voluntaria. Los mecanismos de denuncia son los que tiene instalados la Contraloría, que funcionan de manera ordinaria.
Los programas con padrón y con calendario se desplegarán de forma ordinaria y la suspensión o el ajuste del calendario de los programas que no tienen padrón, que implicó que se adelantarán o se retrasarán, no implica presión presupuestal adicional.
¿De qué manera van a trabajar con estos 550 mil contralores?
—Tenemos espacios de comunicación, los ordinarios, como correos electrónico, portal de internet, carta, redes sociales, para que tengan posibilidad de comunicarse con nosotros por cualquier vía.
Además, al tiempo de reinstalar estos comités, este movimiento de contraloría social, desplegamos personal de la Contraloría en todos los estados, para que tengan múltiples vías para contactarnos cualquiera que sea su inquietud, sugerencia o denuncia.
¿Se suspenden los actos masivos?
—Se respetará la legislación de cada uno de los estados conforme se ha venido haciendo en el pasado y se volverá a hacer ahora.
¿Qué se les está recomendando a los funcionarios con respecto al contacto que tienen con los beneficiarios de los programas?
—Que se apeguen a la normatividad, que es clara y que nos obliga a la neutralidad en nuestra comunicación con los beneficiarios y en nuestra comunicación pública. Se puede hablar en eventos que se pueden seguir realizando, pero la comunicación en los eventos tiene que estar lejos de cualquier actividad proselitista, cuidando los espacios en los que se realice y de acuerdo con la jurisprudencia en el tema, con mensajes que sean proporcionales y pertinentes al acto que se realiza, evitando cualquier comunicación que pudiera interpretarse con propaganda en los estados en donde habrá elecciones.
¿Cuál es el procedimiento en caso de que se detecte alguna irregularidad en el proceso?
—Por cualquiera de las vías múltiples de comunicación que tienen con nosotros, por cualquiera de las instancias, ya sea de la Contraloría Social o directamente en el Órgano Interno de Control, pueden presentar una denuncia que detonaría en su caso una investigación por parte del Órgano Interno de Control.
Aquí es importante recordar que no somos instancia electoral y que por lo tanto la posibilidad de presentar quejas o denuncias no se circunscribe a la Secretaría.
Estos mecanismos que comento todos son con respecto la Secretaría, frente a la Secretaría y buscando que la Secretaría actúe. Pero hay otras fuentes de participación, otras instancias a las que se puede presentar denuncia, tanto de naturaleza local como federal.
Si se llega a presentar el caso de una persona que incurrió en alguna irregularidad, ¿la Sedesol de qué manera lo sancionaría?
—Dependiendo de cuál fuera la irregularidad hay un catálogo de sanciones, que van desde la amonestación hasta la inhabilitación.
Entonces habría que evaluar caso por caso.
Aquí es importante señalar que ha habido procesos electorales este año. Hubo uno en Colima, procesos extraordinarios en Tabasco, Estado de México, Aguascalientes y en Guerrero, y en todos los casos el balance de la Secretaría ha sido blanco.
¿Y en años anteriores durante esta administración federal?
—En términos generales no se han presentado por razones electorales frente a esta Secretaría denuncias que permitan acreditar una conducta inadecuada de la que se presuponga manipulación, desvío o una coacción indebida.
¿Se han establecido convenios con los estados?
—Se han establecido convenios con los estados y con las instancias fiscalizadoras, tanto con la Procuraduría General de la República como con la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales y con la Secretaría de la Función Pública, que coadyuvan en la instalación de los comités de blindaje. Se han instalado en cada uno de los estados en donde habrá elecciones y han permitido este despliegue de capacitación a funcionarios y a beneficiarios, esta claridad de cuáles programas se entregarán y cuáles no. Y un espacio de comunicación con los beneficiarios directos o a través de los contralores sociales.
¿Qué es lo básico que se les dice en la capacitación a los funcionarios y beneficiarios?
—Al beneficiario se le reitera que el programa no puede condicionársele y al funcionario, estado por estado, se le capacita sobre las normas que en materia del proceso electoral estarán orientando su conducta, es decir, a qué están orientados en términos de comunicación, de despliegue, qué actividades pueden realizar y cuáles no. Cambia por estado y justamente esa es la inteligencia de que cada comité de blindaje se haya constituido entidad por entidad.
¿Qué les dice a los que critican que sí se hace uso electoral de los recursos y programas de Sedesol?
—Hay 17 millones de beneficiarios en estos estados, un número muy importante en cada uno de los estados en donde ha habido procesos electorales, y cualquiera de ellos tiene posibilidad de presentar una denuncia, de cualquier tipo, y ninguno lo ha hecho. Eso quiere decir que al día de hoy ni funcionarios que manifiesten haber sido coaccionados ni beneficiarios que señalen haber sido condicionados en el ejercicio de sus derechos han presentado una queja.
Nosotros reaccionamos, y reaccionaremos siempre, con claridad, con vigor, con seriedad, frente a cualquier denuncia que nos presenten beneficiarios o funcionarios.
