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Organizaciones de la sociedad civil y familiares de personas desaparecidas exigieron al Senado hacer una verdadera Ley General para prevenir y sancionar la desaparición de personas, que comprenda un Registro Nacional de Personas No Localizadas, protocolos para la locación de osamentas, supervisión a los ministerios públicos, pero sobre todo presupuesto y personal que atienda los más de 26 mil casos reportados en el país.
Durante un foro, en la Comisión Permanente de la Cámara Alta, la tribuna se llenó de carteles y fotografías con los rostros de desaparecidos en Guerreo, Morelos, Querétaro y Michoacán.
Ahí, Adriana Baena, de Los otros Desaparecidos de Iguala, Guerrero, reclamó a los legisladores: “ya basta de escribir supuestos en leyes que no van a dar resultado de ninguna manera”.
Aseguró que no hay material o tecnología que sea capaz de localizar restos de una persona o una osamenta; y que los protocolos de búsqueda no funcionan, porque luego de que ellos suben a los cerros a buscar a sus familiares, no hay quien resguarde esos restos.
Luz Escorza, movimiento de Paz con Justicia y Dignidad, aseguró que veían con dolor, pero lo más lamentable es la falta de sensibilidad de los legisladores que dejaron los escaños vacíos porque parece que no les importa sus hijos o familiares desaparecidos.
“No hay interés solo hay sillas vacías, eso quiere decir que nuestros desaparecidos no les importan. Venimos a hacer sensibilidad con nuestros legisladores y no la hay, estamos como con las procuradurías de los estados que quieren que les llevemos la investigación y ellos están detrás del escritorio con la computadora o chateando en el celular”.
El presidente de la Comisión de Justicia Fernando Yunes (PAN) aseguró que con esta ley se pretende que el delito de desaparición forzada sea igual en los tres niveles de gobierno, dar mayor seguridad jurídica para todas las personas, así como un ordenamiento acorde a los tratados internacionales.
“Somos conscientes de la necesidad de contar con un marco jurídico que establezca la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, los tipos penales, así como otros delitos vinculados y sus sanciones, así como la creación de un sistema nacional de búsqueda de personas y un registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas, así como la creación de un registro forense nacional”, dijo.
La presidenta de la comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña (PRD) se comprometió a trabajar siempre escuchado a las víctimas y los comentarios que nos planteen sobre el dictamen de esta Ley.
De la Peña dijo que a partir de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, el país se dio cuenta de la grave situación de este tema y al inicio del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto oficialmente se nos informa que alrededor de 27 mil personas desaparecidas en el país.
“Es algo verdaderamente increíble que llegáramos a una situación prácticamente como la que vivieron otros países de situación de guerra y nosotros en una situación de paz”, dijo.
tpc
