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En el tema de la seguridad, ante la eventual extradición del Chapo, ¿no debería Estados Unidos garantizar que el capo pasará el resto de sus días en prisión?
—En este caso lo que debe aplicarse no es lo que uno piense, sino lo que en derecho corresponda.
Y es innegable que de quien hablamos es de un delincuente de alta peligrosidad, con una historia muy señalada por delitos cometidos y que tendrá que enfrentar los procesos legales aquí y allá.
La extradición no es más que un mecanismo que los países tienen para permitir procesos en los que se imputa la comisión de determinados delitos.
¿Cuál debe ser la pena? Yo no soy juez, corresponderá a los jueces determinar penas, sanciones y tiempo. Pero lo que es un hecho, y lo debe garantizar el gobierno, es que este, y cualquier otro delincuente, enfrente el proceso que deba seguirse en la Corte o ante la instancia judicial que corresponda.
—Al parecer, el caso Ayotzinapa se empantanó. Todo apunta a que habrá dos versiones irreconciliables sobre este evento. ¿Tendría el Estado mexicano que acostumbrarse a vivir con ese estigma, según el cual es responsable de la desaparición de los 43 normalistas?
—Con honestidad, es el primer tema en el que sí tengo una posición muy clara. Yo creo que aquí no se puede ni señalar, ni siquiera pretender culpar al gobierno federal de tener que ver con este tema muy lamentable. Todos lamentamos lo ocurrido en Iguala.
Al contrario, ahora resulta... [el] gobierno lo único que quiso hacer es ser apoyador en este hecho tan crítico.
La Procuraduría [General de la República] se ha ocupado de hacer una investigación a fondo, de hacerla lo más transparente, y tan lo quiso hacer de esta forma que pidió que hubiese coadyuvancia de una instancia de orden internacional.
Y evidentemente creo que tendremos, a final de cuentas, el informe que espero sea más coincidente, pero lo que sí hay que dejar en claro es que sólo hay una instancia de autoridad. México tiene una instancia de autoridad a la cual corresponde resolver y tener definición sobre este tema.
Todo lo demás no ha sido más que un ánimo de apertura y de disposición para mostrar lo que la Procuraduría ha venido haciendo, ha venido impulsando y trabajando, pero la responsabilidad legal e institucional la tiene la Procuraduría, y la tendrá en su momento el orden judicial para determinar lo que corresponda, a partir de las averiguaciones que realice la Procuraduría.
¿Está en deuda el Congreso en materia de seguridad y de combate a la corrupción en la medida en que están frenadas las iniciativas en la materia?
—Yo creo que está en la oportunidad de abrir el debate sobre ese tema, y yo creo que lo habrá de hacer.
He recogido expresiones en favor de avanzar en estos temas, y espero que ocurra así en este periodo legislativo, tanto en el tema de seguridad como en el tema del Sistema Anticorrupción.
¿Son una prioridad?
—Sin duda. Son iniciativas presentadas ya hace varios meses, si no es que más de un año, y veo el escenario posible de que el Congreso pueda debatir sobre esos temas y, finalmente, agotar ya lo que es la conclusión del proceso legislativo.
¿Mando Único o Mando Único Mixto?
—Yo estoy en favor del Mando Único, que es el sentido de la propuesta presentada, pero lo importante es finalmente encontrar el mecanismo que fortalezca y contribuya a dar seguridad en las distintas regiones del país.
Admito que cada lugar puede ser distinto, diferenciado. Corresponderá a los legisladores debatir sobre cuál es el mejor modelo.
La propuesta hecha es la del Mando Único Estatal, para tener 32 policías o corporaciones policiacas fuertes, sólidas, preparadas, capacitadas y equipadas. Pero a final de cuentas ya está en el legislador encontrar si ante esa alternativa hay alguna que pueda tener una condición un tanto ecléctica, híbrida, o algún modelo alterno. Lo importante es que se avance.
Lo importante es que hay una coincidencia: la necesidad de fortalecer la capacidad operativa que se tenga en cada entidad en materia de seguridad pública. Creo que ese es el punto de coincidencia.
¿Qué acciones prepara su gobierno para responder a las críticas de organismos internacionales, recientemente Amnistía Internacional, sobre violaciones a los derechos humanos?
—México no ha dejado de reconocer que hay retos en esta materia. Pero, al mismo tiempo, hay que reconocer que el gobierno ha tomado acciones y decisiones para asumir un compromiso serio en este tema.
De eso no hemos escuchado mucho. A veces recogemos más el señalamiento y poco el reconocimiento a lo avanzado.
Hemos avanzado, se han creado protocolos. Las áreas en materia de seguridad se ciñen a distintos protocolos para preservar derechos fundamentales. Hay un compromiso real, decidido.
Cuando haya incumplimiento, cuando se falte o se exceda, tendrán que enfrentar a la justicia y enfrentar las sanciones.
