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El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, llamó al Ejecutivo, para trabajar conjuntamente y revertir la falta de “gobernabilidad” que están viviendo algunas zonas del país.

En un comunicado, dijo que es urgente eliminar todos los vicios de impunidad que actualmente se presentan en este tipo de delitos, “únicamente así lograremos una efectiva prevención, y en los casos correspondientes, sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos y, con ello, generar avances reales en la calidad de vida de la sociedad mexicana”.

El líder del PRD en San Lázaro dijo que “es inaudito que a pesar de que la desaparición forzada está tipificada en 27 entidades federativas, no existe una sola sentencia condenatoria a la fecha por este delito”.

Martínez Neri, acusó que en diversos estudios señalan que en 2015 fueron asesinados 52 personas diariamente, lo que representó un aumento del 6% respecto al 2014, “lo alarmante es que independientemente de si los cambios en las tendencias son a la alza o a la baja, la constante es que la mayoría de estos delitos permanecen impunes”, afirmó.

Aunado a ello, lamentó que la tortura, las desapariciones forzadas, la inseguridad, la falta de acceso a la justicia, los bajos niveles en la aplicación de la justicia, así como una inadecuada e insuficiente atención a las víctimas y sus familiares, son factores que han ayudado a la pérdida de confianza de la sociedad ante las instituciones de gobierno.

“Vemos con preocupación la poca o nula acción gubernamental para disminuir o erradicar la violación a los derechos humanos. Por si fuera poco, el efecto de la violencia es especialmente grave y desproporcionado sobre personas en situación de pobreza y en zonas marginadas, migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y desplazados internos, mujeres, niños, niñas y adolescentes, defensores de derechos humanos, periodistas y pueblos indígenas”, agregó el legislador oaxaqueño.

El Estado mexicano informó que la PGR contaba con 2 mil 420 investigaciones en trámite sobre tortura (hasta el abril de 2015), pero sólo existen 15 sentencias condenatorias por este delito a nivel federal. La respuesta estatal ante estos casos, al igual que respecto de las desapariciones, los homicidios y las ejecuciones extrajudiciales, es débil e insuficiente, subrayó Martínez Neri.

Ante este panorama, el legislador solicitó al Estado no ser omiso con respecto a los señalamientos hechos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y “adoptar una legislación general en materia de desaparición, en consulta con la sociedad civil, víctimas y familiares, conforme a los estándares internacionales”, refirió.

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