Las dirigencias del PRD y de Morena formalizaron su solicitud a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que interponga una acción de inconstitucionalidad que anule la llamada Ley Atenco.

Esta mañana en la sede del organismo, el líder del PRD, Agustín Basave, y el pasado martes, mediante un escrito enviado por Horacio Duarte, líder de Morena en el estado de México, ambos partidos pidieron la intervención de la CNDH ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en acción de inconstitucionalidad.

Esto para impedir que entre en vigor esa legislación que permitiría el uso de la fuerza pública ante movilizaciones que se consideren ilegales en la entidad.

Basave estuvo acompañado por diputados mexiquenses encabezados por Juan Zepeda, líder de los legisladores en el estado de México, quien justificó el voto de su bancada en pro de la ley que ahora cuestionan.

Sostuvo que su partido votó porque “se limite el uso de la fuerza pública, para que no haya más Atencos”.

Pero “no aprobamos criminalizar la protesta, pero como se han despertado las inquietudes y el debate está abierto, qué mejor que estos órganos autónomos y se escale a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pueda determinar si es o no constitucional “.

El legislador aseguró que votaron “una ley general” y son sus artículos los que se pueden generar interpretaciones.

REPUDIA MORENA LA APROBACION

En tanto, el escrito de Duarte Olivares, dirigido al presidente de la Comisión, Luis Raúl González Pérez, Morena estableció que la  “Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México” restringe el derecho de expresión por vías o medios indirectos encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

"Además contraviene las garantías judiciales y principios como seguridad jurídica, presunción de inocencia, la no tortura y a confesar bajo coacción de ninguna naturaleza”.

Duarte Olivares explicó: “en el Estado de México conceptos como seguridad, paz, tranquilidad, justicia y derechos humanos, no se dan de manera genuina, existen en el papel y en los discursos ofíciales del gobernador, pero nada más. Dicha ley atenta contra la dignidad humana, tiene por objeto anular o menoscabar derechos y libertades de personas”.

afcl

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