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El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) descartó esta tarde que sea viable la adopción de medidas cautelares durante la investigación de casos en materia de fiscalización, como lo son la presunta recepción de recursos ilícitos, rebase de topes de campaña, gastos indebidos o contratación de créditos.
Con los votos en contra de los consejeros José Roberto Ruiz Saldaña y Pamela San Martín, la mayoría del organismo electoral consideró que no son pertinentes ese tipo de medidas preventivas, pues de aplicarse, y al concluir la investigación resulta que no había actos ilegales, se podrían causar daños irreparables a partidos o candidatos.
El INE se colocaría como la causa “de un descarrilamiento electoral”, aseguró el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.
Analizar la conveniencia o no de medidas cautelares en procedimientos en materia de fiscalización le fue ordenado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federal (TEPJF), tras la denuncia de Morena contra el PVEM por la presunta contratación indebida de un crédito de 100 millones de pesos con sus prerrogativas como garantía.
En la discusión, los representantes de Morena, Horacio Duarte, del PRD, Julio César Cisneros, de Nueva Alianza, Marco Alberto Macías y de Encuentro Social, Berlín Rodríguez Soria, demandaron establecer cautelares cuando haya indicios de conductas irregulares en financiamiento, pues de lo contrario, pasada la elección, aplicar sanciones económicas no resarcirá el daño causado a la equidad de las contiendas.
Empero, en el documento avalado se expone que una cautelar es posible, y de hecho se aplica, en procedimientos ordinarios –abiertos en caso de presuntas faltas administrativas—o procedimientos especiales, como los relativos a propaganda fija o en radio y televisión, o actos anticipados de campaña o campaña, en ambos casos sólo mientras se analiza el fondo, pues es viable un análisis preliminar sobre presuntas infracciones.
Pero en fiscalización el fin de un procedimiento radica “en conocer y verificar la totalidad de los ingresos y gastos de los sujetos obligados” para determinar eventuales infracciones, es decir es un estudio integral que se realiza hasta que se cuenta con toda la información.
Al debatir el punto, el consejero Enrique Andrade González explicó que en procedimientos de fiscalización se requiere de información de cuentas bancarias, empresas, “la fiscalización no depende sólo de nosotros, sino de terceros” y por eso en este caso no podrían darse elementos preliminares para valorar si proceden o no cautelares.
Se requiere un régimen de medidas cautelares que no hay, “la última parte no está en nuestras manos”, no podemos congelar cuentas ni parar gastos, destacó el consejero Arturo Sánchez.
El consejero Ciro Murayama cuestionó la postura de los partidos como “el mundo al revés” pues en 2015 formaron una especie de “sindicato de partidos” para oponerse a la decisión del INE de retener, de las prerrogativas de los partidos que sean sancionados, los montos de las multas correspondientes, hasta que el TEPJF resolviera en definitiva.
Aquí “están argumentando todos como quejosos, pero van a ser acusados y cuando llega la acusación tienen un punto de vista totalmente distinto (…) se armó una especie de sindicato de partidos, fueron al Tribunal y dijeron es ilegal hasta que no se resuelva el fondo no nos toquen nuestras prerrogativas…el Tribunal les concedió una suerte de crédito sin intereses porque (ahora) no pagan ninguna multa hasta que éste resuelve”.
Ahí era ante hechos probados, “y ahora nos piden que sin siquiera ir al fondo impongamos sanciones” por lo que –advirtió Murayama- pueden existir cautelares si el legislador la define, pero “nosotros no somos el legislador y no es lo mismo reglamentar que legislar”.
