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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció como víctimas a los familiares de dos hombres de El Salvador, asesinados en San Fernando, Tamaulipas, por miembros del crimen, y ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) darles acceso a las investigaciones del caso.
Al resolver el proyecto, la Primera Sala de la SCJN determinó que Bertilia Parada de Osorio y Alma Yesenia Releageño no tienen que acreditar a través de muestras de ADN que son familiares directos de las víctimas.
Aunque se reconocen los derechos de las víctimas, la Corte no aceptó que la muerte de las 72 personas sea un crimen de lesa humanidad, ni reconoció como representante legal de los deudos a la Fundación para la Justicia y el Estado de derecho.
Con el fallo las autoridades estarán obligadas a reconocer como víctimas a las familias de las personas que perdieron la vida en agosto de 2010, cuando fueron localizados los cuerpos de 72 migrantes en una bodega, y en 2011, cuando se encontraron 193 cadáveres en fosas clandestinas.
Ante el crimen colectivo de migrantes en San Fernando, el gobierno mexicano fue señalado por Amnistía Internacional (AI) ante “la profunda crisis de derechos humanos” que se evidencia con la falta de acciones en el caso, a más cinco años de los asesinatos.
Desde el 22 de agosto, en que sucedió esta tragedia, se han presentado “graves fallas en las investigaciones forenses”, además de que han sido insuficientes, señaló el organismo internacional en la reunión que mantuvo con las familias de las víctimas de Guatemala, El Salvador y Brasil.
Investigación eficiente. Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, añadió que no sorprende que las familias tengan que desplazarse largas distancias para exigir justicia y que además de hacer el esfuerzo de llegar a México no obtengan avances en la investigación de sus casos.
Explicó que “el gobierno mexicano tiene la obligación de llevar a cabo investigaciones eficientes y de generar un plan integral de reparación del daño para estas víctimas y sus familias que han estado buscando justicia”.
La experta señaló la debilidad de la Procuraduría General de la República para realizar las investigaciones necesarias y rendir cuentas.
