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Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, aseguró que la negativa del gobierno de México de aceptar la visita del relator sobre tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Méndez, obedece al trabajo poco serio que realizó durante su visita al país en 2014.
“Dejó mucho que desear al gobierno mexicano, porque salió a hacer afirmaciones sin ningún sustento verdaderamente técnico, es decir, no tuvo los mecanismos y herramientas para determinar que por lo menos en los cuatro estados que había visitado se daba de manera generalizada la tortura, como afirmó”, señaló.
Consideró que el gobierno de México prefiere que el sucesor de Juan Méndez, quien dejará su cargo en octubre próximo, sea el que realice la visita de seguimiento.
“Esto se suma a que seguramente habrá más relatores que estén preparando su visita a México, y que efectivamente él [Juan Méndez] ya tuvo su oportunidad y no la supo aprovechar, porque creo que si su trabajo hubiera estado bien sustentado, indudablemente que hubiera probado el estado de tortura en el país, pero no lo hizo”, señaló la activista.
Méndez realizó una visita de trabajo a México entre abril y mayo de 2014, y a partir de la información que recabó presentó un informe sobre el país en marzo de 2015, en el que afirmó que la tortura era una práctica generalizada en el territorio, versión que fue rechazada de inmediato por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que descalificó el contenido del reporte, puesto que el experto sólo documentó 14 casos de este fenómeno, lo que provocó un diferendo diplomático.
El relator pidió en septiembre pasado realizar una visita de trabajo de seguimiento, que le negó el gobierno, pues otros expertos vendrán al país y no habrá tiempo para agendar sus actividades antes de octubre, cuando concluye su mandato.
Miranda de Wallace señaló que la negativa de recibir a Méndez no implica que el país se cierre al escrutinio internacional. “Me parece un hombre poco serio y que vino a crear una gran división entre los mexicanos y a aportarnos muy poco de un tema que es trascendente, hay que eliminar la tortura con verdadero sustento y un diagnóstico adecuado”, dijo.
Aseguró que el gobierno de México ha aprendido la lección y que cuando venga otro relator tendrá que sentarse a precisar los mecanismos y protocolos sobre los cuáles se realizará la revisión de cierta práctica.
“Algo falló también por parte del gobierno, al no fijar bien los parámetros bajo los cuáles se haría este diagnóstico”, comentó la activista.
