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Expertos en transparencia y rendición de cuentas afirman que la obligación de hacer públicas las declaraciones patrimoniales, de probable conflicto de interés y fiscal —mejor conocida como #Ley3de3— es sólo un piso mínimo que deben tener las leyes complementarias del Sistema Nacional Anticorrupción.
Coinciden en que este primer paso debe ir acompañado de leyes secundarias robustas que estén a la altura de la reforma constitucional, porque bajar la exigencia de ese mandato sería un retroceso en el nuevo andamiaje contra la corrupción que se discute en el Senado.
Las ex comisionadas presidentas del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (Ifai), Jacqueline Peschard y María Marván, coinciden en que este piso mínimo debe ir acompañado de otras leyes, porque de nada sirve conocer los bienes de un servidor público si no hay una instancia que verifique que la información sea verdadera.
“Son un primer paso mientras no haya una verificación de que lo que se publicita es real. La publicidad es un elemento de vigilancia y escrutinio, pero no es una garantía de combate a la corrupción o el conflicto de interés, por eso el Sistema Anticorrupción implica más normas, además de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos”, asegura Peschard.
Marván Laborde explica que como en todo proceso legislativo, la iniciativa ciudadana —que presentaron organizaciones de la sociedad civil el pasado 17 de marzo en el Senado—, es perfectible, pero “esperamos que los legisladores decidan bien y no a la baja, porque sólo tienen poco tiempo para que esté aprobada”.
Lourdes Morales, coordinadora de la Red de Rendición de Cuentas (RRC), dice que el corazón de la propuesta es el rediseño del sistema de responsabilidades.
A la luz de la evidencia, dijo que “la publicidad de las declaraciones no sirve como mecanismo de combate a la corrupción si no se articula”.
La iniciativa ciudadana forma parte de las propuestas que se discuten en el Senado en torno al primer paquete de leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción.
En la Cámara Alta se discuten tres iniciativas, una del PRI-PVEM, otra del PAN y una más del PRD, por lo que se prevé que algunas de sus propuestas ciudadanas sean retomadas en la discusión del dictamen final.
De acuerdo con la ruta crítica, el documento final deberá estar listo entre el próximo jueves 31 de marzo y el martes 5 de abril, para que sea aprobado en comisiones durante la semana del 7 de abril y llevado a votación ante el pleno el 12 de abril.
Registro nacional. Además de la publicidad obligatoria de las declaraciones patrimoniales, de probable conflicto de interés y fiscal, la iniciativa entregada al Senado propone una Ley General de Responsabilidades Administrativas como una política transversal a los tres niveles de gobierno, que enfrenten la corrupción, tanto en lo individual como en las redes entre servidores públicos y particulares.
La propuesta contempla crear un Registro Nacional de Servidores Públicos Sancionados donde se lleve registro de las penas impuestas, que estará a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción, con carácter público, y de consulta obligatoria para todas las dependencias, poderes y órdenes de gobierno.
Se plantea que la información del registro tendrá validez y surtirá sus efectos en la calificación de la legalidad de candidaturas a cargos de elección popular. Los organismos electorales, nacional y locales, estarán obligados a consultarlo en los procedimientos que ante ellos se realicen.
La persona que haya realizado algún acto de corrupción podrá confesar su responsabilidad con el objeto de acogerse al beneficio de reducción de sanciones ante la autoridad con facultades de investigación.
Ese beneficio tendrá por efecto una reducción de entre 50% y 60% de las penas que se impongan.
Hay voluntad: Marván. Maestra y doctora en Sociología por la New School for Social Research de Nueva York, Marván dice que existe el compromiso de los legisladores de abordar el primer paquete de iniciativas al término de la Semana Santa, para reunirse con expertos y representantes de las organizaciones civiles y discutir los aspectos técnicos.
“La iniciativa la tienen los senadores, hay voluntad, sabemos que los legisladores Roberto Gil (PAN) —presidente del Senado—, Alejandro Encinas (PRD), y Pablo Escudero (PVEM), ya están trabajando en la iniciativa, pero los tiempos son muy apretados y hay que seguir con el procedimiento legal de la iniciativa ciudadana”.
Como en todo proceso, señala, siempre hay riesgos, pero confía en la voluntad del Legislativo y en el seguimiento de la sociedad civil en cada una de las leyes contra retrocesos.
Peschard opina que el contenido de la propuesta es esencial en esos términos, a la par de las leyes en la materia, como la de la Auditoría Superior de la Federación o del Tribunal de Justicia Administrativa, entre otros, por lo que confió en que en las últimas semanas que restan del periodo ordinario de sesiones se concluyan.
“Lo que tienen que hacer las organizaciones es que los contenidos de las leyes generales sean estándares fuertes”, advierte.
Morales Canales, doctora en Ciencia Política por La Sorbona de París, coincide en que hay voluntad y ve positivo que la discusión sea abierta.
