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Tegucigalpa.— La vida de Gustavo Castro Soto, quien es un testigo clave, corre peligro mientras permanezca en Honduras, alertaron organizaciones locales e internacionales, exigiendo a las autoridades que permitan su salida del país centroamericano.
El activista mexicano Gustavo Castro estuvo presente y resultó herido durante el ataque a tiros contra la premiada líder indígena, quien había denunciado amenazas por su oposición a grandes proyectos hidroeléctricos y mineros.
“Está en serio peligro”, dijo Marcia Aguiluz, del Centro Por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) para América Central y México.
“Los intereses de los que mataron y mandaron a matar a Berta Cáceres son extremos y podrían atentar en su contra”, agregó, luego de que un juez ordenó la permanencia de Castro en el país por 30 días mientras continúan las investigaciones.
El asesinato de Cáceres la semana pasada desató una oleada de indignación en el país y la comunidad internacional.
La policía no ha ofrecido todavía ninguna versión oficial sobre el ataque, que habría sido perpetrado por dos desconocidos que irrumpieron en el domicilio de Cáceres.
El activista mexicano podría reconocer al menos a uno de los asesinos, dijo Óscar Castro, hermano de Gustavo, quien actualmente está resguardado en la residencia de la embajada de México en Tegucigalpa bajo protección de la policía.
“Gustavo vio solamente a una persona”, explicó su hermano, agregando que cree que podría reconocerla.
Las autoridades todavía no tienen ninguna hipótesis oficial, lo que ha levantado fuertes críticas de familiares y organizaciones no gubernamentales, como Amnistía Internacional (AI), que piden una investigación internacional independiente.
Una fuente del Ministerio Público detalló que la investigación contempla tanto el trabajo de Cáceres en defensa del medio ambiente así como la criminalidad común, en uno de los países con la tasa de homicidios más alta del mundo.
Hasta el momento, además de Castro sólo ha declarado un ex compañero sentimental de Cáceres, quien también trabaja en el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH), y el vigilante del condominio donde se ejecutó el homicidio.
Familiares y compañeros critican que todavía no se haya llamado a los interesados en construir la represa que logró detener temporalmente Cáceres, quien no tenía protección al momento del ataque, pese a que contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
