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El secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, firmó un acuerdo de colaboración con la Asociación de Bancos de México para combatir la corrupción.
Una de las propuestas en la materia, aseguró Andrade Martínez, es involucrar e implementar diversas acciones con el sector privado para combatir el ilícito “que también se da desde el sector empresarial”.
Se trata, comentó, de que ambas partes intercambien experiencias en cuanto al combate a la corrupción y mejores prácticas en materia de conflicto de interés, integridad, transparencia, servicio al público, desarrollo de códigos de ética y de conducta, entre otros.
“El intercambio de experiencias entre el sector público y el sector privado, en este caso con la Asociación de Bancos de México, se enfocará en la creación de estrategias que ayuden a desarrollar mejores prácticas para los elementos contemporáneos de combate y prevención de la corrupción”, dijo Andrade.
Comentó que es necesario contar con sistemas que permitan facilitar el intercambio entre ciudadanos y proveedores de servicios.
Asimismo, el secretario de la Función Pública explicó que la firma del convenio con la Asociación de Bancos de México generará prácticas aplicables a las instituciones de la Banca de Desarrollo.
“La Secretaría de la Función Pública no está únicamente enfocada a la parte de las sanciones en materia de corrupción, también se encarga de su prevención a través de desarrollar mejores instrumentos en la gestión pública”, explicó.
Asimismo, dijo que la dependencia ya signó convenios para combatir la corrupción con el Consejo Coordinador Empresarial.
Por su parte, Luis Robles, presidente de la Asociación de Bancos de México, comentó que el convenio firmado permitirá establecer líneas de colaboración en materia de transparencia y prevención de la corrupción.
“La corrupción y la falta de transparencia son prácticas nocivas que atentan contra la justicia”, dijo.
Detalló que el convenio contempla el fortalecimiento de los medios de prevención y denuncia relacionados con actos de corrupción de los servidores públicos y funcionarios bancarios, así como el análisis de la posible implementación de un sistema de monitoreo similar al que se utiliza en la prevención de lavado de dinero, pero especializado en temas de corrupción.
