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El sector privado urgió al Congreso aprobar en este periodo de sesiones la legislación anticorrupción, y demandó a senadores y diputados panistas “pasar de los escándalos mediáticos a averiguaciones previas y procesos judiciales puntuales para los casos que se conocen y los que permanecen en la opacidad de delitos bien tipificados”, subrayó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón.
Mientras tanto, representantes de la sociedad civil previnieron que el Sistema Nacional Anticorrupción de ninguna manera será la varita mágica que permita a los jueces castigar el abuso de recursos públicos.
El presidente de Integralia, Luis Carlos Ugalde, lamentó la omisión de la Cámara de Diputados por no integrar la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en esta Legislatura, lo cual es “indignante y una falta de responsabilidad política”.
En tanto que se legisla sobre las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, ya plasmado en la Constitución, hay una omisión complaciente de las autoridades, dijo Ugalde, y argumentó: “Hay corrupción por comisión y por omisión; si los poderes ejecutivos son campeones de la corrupción por comisión, los legislativos son campeones de la corrupción por omisión”.
El Congreso, agregó Ugalde, “al no llevar a cabo sus funciones de control político de los ejecutivos contribuye a la existencia de corrupción en México”.
Agregó que “cada vez que la Auditoría Superior de la Federación da a conocer su informe de resultados de la Cuenta Pública, se detonan aquí en el Congreso discursos de indignación, acusaciones políticas en contra de gobernadores, sólo para que a los dos o tres días todo se haya olvidado. Estoy seguro que en esta ocasión será igual”.
El representante regional de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Antonio Luigi Mazzitelli, advirtió que la corrupción ocasiona más que pérdidas económicas para las naciones, debido a que origina múltiples delitos, flagela el desarrollo, y resta credibilidad en las instituciones.
Sugirió a los legisladores panistas considerar una propuesta que se plantea de manera internacional, que es “tratar de tipificar y estandarizar lo que es el delito de la corrupción”, y con ello conseguir que la persecución de este delito se pueda dar sobre un entendimiento común, lo cual abarcaría la cooperación judicial.
“Otro de los daños que ocasiona la corrupción es que se genera la percepción en el ciudadano común de que las instituciones son todas corruptas, mientras que la realidad puede ser diferente de lo que la gente piensa, pero es mucho más difícil trabajar en contra de la percepción [social] que ocuparse en la reducción real de los problemas”, dijo Mazzitelli.
El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, y los coordinadores del albiazul en la Cámara de Diputados, Marko Cortés, y en el Senado, Fernando Herrera Ávila, expresaron que su fuerza política tiene como primera prioridad que en este periodo de sesiones se aprueben las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción.
